En la demanda de amparo, al igual que ocurrió ante la jurisdicción Social, Scevenels planteó que la decisión de interrumpir el contrato era discriminatoria, porque se basaba en su condición de persona transgénero.

En la sentencia, el Pleno del TC define las nociones de sexo y género, diferenciándolas entre sí, como condiciones que tienen incidencia en el ejercicio de los derechos fundamentales, admitiendo que el género es uno de los muchos elementos que pueden llegar a desarrollar la propia identidad personal en el marco del pleno respecto a la dignidad humana (art. 10 de la Constitución).

También afirma que la identidad de género es una faceta especialmente importante de la identificación de un individuo y es una causa sospechosa de trato discriminatorio de las que se incluyen en la cláusula residual del art. 14 de la Constitución. Por tanto, la condición de ser persona ‘trans’, está incluida en la prohibición de discriminación del citado artículo, así como lo está la expresión de género, que se vincula estrechamente al derecho a la propia imagen (art. 18.1 CE).

Una vez que se considera aplicable al caso el art. 14 CE, la sentencia sostiene que también se proyecta a este supuesto la jurisprudencia constitucional sobre la vulneración del art. 14 en el marco de las relaciones laborales, así como las reglas de reparto de la carga de la prueba, de modo que se invierte la carga probatoria siempre que exista un indicio de la eventual discriminación.

Dentro del relato de hechos probados que definen las resoluciones de instancia, el Tribunal entiende que existía indicio de prueba, lo que lleva a la inversión de la carga probatoria, pero que la empresa contratante había sido capaz de evidenciar la existencia de causas de interrupción del contrato ajenas a la condición de persona transgénero de quien recurre en amparo, llevando esta consideración al fallo desestimatorio.