La decisión del Supremo deja abierta a la Junta la posibilidad de ocupación del derecho de vuelo de esta zona, compuesta por unas 860 hectáreas de monte alto y bajo, así como el derecho de apostar. La declaración de "zona de interés social" por parte de la Junta de Extremadura es consecuencia de la división de los dominios existentes. Mientras el ayuntamiento de Cañaveral es el propietario del suelo, un grupo de particulares lo son del vuelo y del derecho de apostar.

El TSJE, mediante auto de 8 de junio de 1990, aceptó el recurso presentado por la comunidad de bienes Navas de Cañaveral para paralizar el proceso expropiatorio iniciado por el Gobierno regional.

La Junta de Extremadura decdió acudir entonces al Tribunal Supremo, argumentando el grave problema ocasionado por la dispersión de derechos dominicales, exponiendo como única solución la reunificación de todos los derechos.

Las expropiaciones habían sido iniciadas por la Junta en diciembre de 1989, según informaron a Servimedia fuentes del Ejecutivo regional.