El Supremo investiga si la actuación de Casero mientras fue alcalde de Trujillo (Cáceres), entre los años 2017 y 2018, pudiera ser constitutiva de los delitos de prevaricación y de malversación de caudales públicos en varios contratos del Consistorio extermeño.

En caso de que el diputado no acuda de manera voluntaria a declarar, la Sala II del Tribunal Supremo tramitará el correspondiente suplicatorio a la Mesa del Congreso para que autorice la declaración.

La Sala de lo Penal acordó abrir causa al diputado después de que el juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Trujillo elevase al Supremo una exposición razonada en la que se calificaban los hechos atribuidos al entonces alcalde como delito continuado de prevaricación administrativa.

Están bajo la lupa de la justicia la adjudicación de varios contratos públicos del Ayuntamiento de Trujillo y los pagos realizados a un psicólogo amigo de Casero que prestó servicio a víctimas de violencia de género sin que el Consistorio lo hubiera autorizado.