Según informó este viernes SCC, la iniciativa planteada por el Gobierno de Pere Aragonès es “claramente inconstitucional”. Este decreto busca, según el texto publicado en el BOE, “fijar los criterios aplicables" a los proyectos lingüísticos de los centros educativos públicos y de los privados sostenidos con fondos públicos.

Sin embargo, SCC entiende que “la competencia estatutaria para atribuir a la lengua de Cataluña la condición de vehicular no puede ejercerse en términos de exclusividad o preferencia, pues afectaría a la posición del castellano de modo inconstitucional al poner en peligro el derecho a su uso y el cumplimiento del deber de su conocimiento”.

Para esta plataforma cívica, el proyecto de decreto supone una “flagrante vulneración” del artículo 3 de la Constitución, donde se establece que todos los españoles tienen el deber de conocer el castellano y el derecho a usarlo, independientemente de en qué comunidad autónoma residan, indicó la entidad.

DENUNCIA IMPACTO NEGATIVO

En este sentido, según este colectivo, “el nuevo modelo lingüístico que el Gobierno nacionalista pretender implantar en Cataluña no respeta la protección jurídica que la garantía de la cooficialidad asegura al castellano y, además de restringir gravemente el derecho constitucional a su uso, impediría el cumplimiento constitucional del deber de conocimiento de la lengua española”.

Para SCC, “la diversidad lingüística en las autonomías con lengua cooficial es una riqueza que ha de ser protegida y fomentada, pero sin crear divisiones y segregaciones innecesarias basadas en el uso de una determinada lengua materna”.

A juicio de esta plataforma, “limitar a los estudiantes el aprendizaje y dominio de la lengua común de España, tal como pretende el proyecto, tendrá un impacto extraordinariamente negativo en la educación en Cataluña”.