Tras advertir de que será un trayecto "largo y delicado", el texto aprobado por aclamación de los cerca de 1.000 compromisarios en estas jornadas de reflexión dice que se mantendrán los principios de "firmeza en el respeto de la democracia, eficacia de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado de Derecho, unidad de las fuerzas democráticas, esperanza de alcanzar el objetivo de la paz y dignidad y respeto para la memoria de las víctimas".

El documento aprobado por el plenario también hace referencia al fenómeno del terrorismo internacional, que debe combatirse "sin venganza" porque ésta "acaba fanatizando también a quien la ejerce", según dijo el ponente de esta comisión, Antonio Gutiérrez.

Gutiérrez abogó por reforzar el papel de la ONU y de la Unión Europea en la resolución de conflictos internacionales. Los socialistas apuestan por expandir las libertades, la justicia y la solidaridad, como antídoto para combatir el terrorismo internacional.

El PSOE expresa sus dudas sobre "si el nuevo orden no contiene excesivos componentes de desorden internacional, sobre si se ha expandido la democracia o si sólo se ha generalizado el mercado, sobre si se ha mejorado su calidad o afloran de nuevo movimientos neopopulistas que ponen en duda y en riesgo el valor de las instituciones representativas, sobre si avanzamos en la construcción de la paz o afloran nuevos enfrentamientos sin que hayamos resuelto algunos de los que nos marcan desde hace décadas".

Según las conclusiones, "debemos rechazar cualquier recorte que menoscabe nuestra libertad y derechos cívicos con la supuesta pretensión de garantizar la seguridad colectiva, pues ello siembra en la sociedad los fermentos del autoritarismo". "La xenofobia y el racismo en el interior de nuestras sociedades", continúa, "puede ser la consencuencia buscada por la propia estrategia terrorista y pueden resultar tan peligrosos como el propio terrorismo".

Las lacras de la pobreza y la falta de respeto a los derechos humanos está también en la raiz del fenómeno de la inmigración. Un fenómeno universal que representa, a juicio del PSOE, una "oportunidad" tanto para los emigrantes como para los países receptores.

Pero, para que sea una colaboración fructífera, la política migratoria debe abordar la "cooperación y ayuda al desarrollo con los países emisores de emigrantes, estableciendo acuerdos para evitar flujos incontrolados" y realizar la acogida de acuerdo con las necesidades laborales y la capacidad de acogida.

Los socialistas reconocen que la inmigración es "necesaria para que España mantenga y prolongue el ciclo de crecimiento y extensión del bienestar, así como una importante oportunidad de mestizaje, diversidad y enriquecimiento"; sin embargo, la inmigración ilegal "es una fuente potencial de conflicto", por lo que hay que desarrollar actuaciones para "impedirla y canalizarla por cauces regulares".

"La vía para resolver estos problemas pasa por no aceptar pasivamente una inmigración que trate de entrar irregularmente en el territorio. El tráfico de personas debe ser combatido", pero también debe reforzarse la legislación internacional en materia de reconocimiento de la condición de refugiado.

"Ningún país", dice el texto aprobado hoy, "está en condiciones de ofrecer empleo y oportunidades de vida a todos los que desearían encontrarlos entre nosotros", por ello las políticas migratorias "deberán tener en cuenta el mantenimiento del equilibrio laboral y del desarrollo económico y social de los países de origen". Una inmigración desordenada tendría efectos negativos para la economía y la sociedad.

ESPAÑA FEDERAL

Gutiérrez, ponente de la comisión "Nuevas respuestas", hizo el discurso de mayor calado político y se refirió a las reformas estatutarias abordadas en esta legislatura con el impulso del Gobierno socialista. Explicó que este proceso de modernización camina hacia una España federal y que los procesos de reforma no son "para que cada cual barra para casa", sino para que "se mejoren y optimicen los recursos" para que cada autonomía "aporte más al desarrollo común de España".

Según dijo, éstos "eran retos ineludibles que redundarán en la mejora condiciones de vida de los españoles y en su igualdad. En un Estado federal, quienes pagan los impuestos son los ciudadanos y quienes garantizan la igualdad es el Estado", sentenció Gutiérrez.

Aprovechó también la oportunidad para lazar alguna crítica contra el PP, para el que la máxima "cuanto peor, mejor" se su política habitual. "Además de una canallada", dijo, "es una estupidez, porque cuando las cosas se ponen mal quienes lo pasan peor son los de abajo". Esta actitud de los populares demuestra que "no son un partido de gobierno, sino que se sirven y se benfician de él para ellos y sus amigos, y cuando no lo detentan desestabilizan la convivencia entre los ciudadanos".