Así lo exigieron los secretarios generales de las federaciones de enseñanza de CCOO, UGT, ANPE, CSI-CSIF y STEs en la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados, foro en el que solicitaron que la Ley de Educación (LOE) vaya acompañada de una ley de financiación consensuada con las comunidades autónomas.

Las organizaciones sindicales se sumaron a las patronales y a las asociaciones de padres, que ayer pidieron en la Cámara Baja la firma de un gran acuerdo social y político para estabilizar el sistema educativo.

Los sindicatos también coincidieron en reclamar un mayor reconocimiento social del profesorado, así como la mejora de sus condiciones laborales, el desarrollo de la carrera profesional y la negociación del Estatuto de la Función Pública Docente.

"No queremos trabajar menos ni ganar más, sino que se dignifique el papel de los profesores. Queremos trabajar mejor", resumió el secretario general de Enseñanza de CCOO, José Campos.

En su opinión, para superar esta "crisis educativa" hace falta incrementar la inversión y desterrar los intereses electorales, las posturas "maximalistas" y la radicalidad.

"La inversión es fundamental. Nos jugamos mucho todos y si fracasamos será imperdonable", añadió Campos, para quien la actual situación de bonanza económica abre posibilidades que no existían cuando se aprobaron la ley educativa de 1970 y la LOGSE, de 1990.

Finalmente, solicitó la potenciación de la Educación Infantil desde una perspectiva educativa, y no meramente asistencialista, y la puesta en marcha de un plan de choque en Secundaria.

20% DE INTERINOS

Su homólogo en FETE-UGT, Carlos López, valoró el hecho de que el proyecto de Ley de Educación (LOE) vaya acompañado de una memoria económica, pero lo consideró insuficiente y reclamó un pacto de financiación entre el Gobierno y las comunidades autónomas.

Agregó que "lo peor" del proyecto de ley es la insuficiente atención que el proyecto concede al profesorado y aseguró que no habrá una mejora sustancial del sistema educativo si no se recupera el "ánimo" de los docentes.

También lamentó que no dé respuesta alguna a la situación de precariedad laboral del sector, que cuenta con un 20% de profesores interinos. "Es urgente reducirla hasta un máximo del 8%", aseveró.

El vicepresidente de ANPE, Nicolás Fernández, reclamó un plan de choque contra la conflictividad escolar, la disminución del número de alumnos por aula, el mantenimiento indefinido de un sistema de jubilación anticipada incentivada y el respeto a la autonomía pedagógica y organizativa de los centros.

Por su parte, el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza (STEs), Augusto Serrano, elevó hasta el 7% del PIB la reclamación de inversión en educación, puesto que el gasto destinado a estas partidas es en la actualidad "absolutamente insuficiente".

"No se puede tener hoy día institutos que como material tienen la pizarra, las tizas, las sillas y las mesas; y con unos mapas de los años 60 que tiene a Alemania separada", apostilló.

Finalmente, el responsable de Enseñanza de CSI-CSIF, Eliseo Moreno, advirtió de que esta ley puede ser una "oportunidad perdida" para arreglar las cosas y solicitó una ley "realista" que cuente con una financiación "adecuada".