Así se desprende del avance de resultados de una macroencuesta que el Sindicato de Enfermaría, Satse, ha realizado al conjunto de profesionales de la enfermería de las diferentes comunidades autónomas para conocer la realidad actual sobre la violencia física (empujones, golpes o puñetazos) y/o verbal (amenazas, insultos o vejaciones) que sufren estos profesionales sanitarios a la hora de desarrollar su labor asistencial y de cuidados en los hospitales, centros de salud y otros centros sanitarios y sociosanitarios

Para Satse, los primeros resultados son concluyentes “al refrendar que las agresiones, tanto físicas como verbales, afectan a una gran mayoría de estos profesionales sanitarios” y demuestran que, a pesar del reconocimiento social manifestado al inicio de la pandemia, “siguen siendo un grave problema que hay que abordar y resolver con urgencia”.

A juicio de la organización, dichos resultados se deben al “entendible hartazgo y frustración de la población al constatar el déficit estructural de recursos y medios que tiene la sanidad, y que la pandemia ha empeorado”, que está propiciando que algunos pacientes y familiares lo estén pagando con unos profesionales que, además de no ser los responsables de la situación, “están haciendo todo lo posible para que no repercuta en la atención y cuidados pese a llevar ya dos años de lucha contra la pandemia”.

SIETE DE CADA DIEZ AGREDIDOS

En concreto, los resultados demuestran que siete de cada diez profesionales de la enfermería denuncian haber sufrido una agresión física o verbal por parte de pacientes o familiares en los dos últimos años, “una cifra muy preocupante que, sin duda, sitúa a las agresiones como uno de los principales riesgos para su salud física, psicológica y emocional a la hora de desarrollar su labor asistencial y de cuidados”.

De igual manera, el 77 por ciento se muestra convencido de que el ambiente laboral y la relación con los pacientes ha empeorado en los últimos tiempos caracterizados por la fuerte sobrecarga y presión asistencial, así como el claro déficit de plantillas enfermeras, en el conjunto de nuestro sistema sanitario.

Ante esta realidad, la práctica totalidad de los consultados por Satse en todo el Estado, un 98 por ciento, se mostraron partidarios de aprobar una ley estatal con la finalidad de crear un marco común de actuación a la hora de evitar las agresiones y actuar de la manera más eficaz y efectiva una vez que se han producido. Se trata de una reivindicación que comparte el Sindicato de Enfermería, que a este respecto recuerda que “ya trasladó antes de la pandemia al conjunto de administraciones públicas y a los partidos políticos una propuesta concreta de Ley estatal que contempla más de 50 medidas y acciones en todos los ámbitos y niveles para luchar contra esta lacra que afecta especialmente a las enfermeras”.

En este sentido, la organización sindical también rechazó que cada servicio autonómico de salud “vaya por su cuenta” y establezca ciertos protocolos y medidas de manera independiente y descoordinada con el resto de administraciones, lo que lleva a “no combatir el problema de manera conjunta, coordinada y eficaz, obteniendo siempre resultados absolutamente insuficientes y discriminatorios”.