La demanda de este plan figura en la moción consecuencia de interpelación que los populares defenderán en el Pleno de la Cámara Alta.

En este texto, la formación cuya portavoz en el Senado es Alicia García señala que, tras seis años de Gobierno de Sánchez, la corrupción "asola al Gobierno y al entorno del presidente", a pesar de los intentos del Ejecutivo "de no dejar trabajar ni a la Justicia ni a los medios de comunicación".

Entre los casos que cita, destaca la 'Operación Delorme', que investiga la Fiscalía Anticorrupción y el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional sobre una supuesta trama de compra de mascarillas en la que estaría implicado Koldo García, exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos.

Los populares destacan que el juez ha apuntado en sus autos que la empresa Soluciones de Gestión, que promocionaba Koldo García, "pasó de una cifra de negocio de 0 euros en el año 2019 a una de 53,13 millones de euros en 2020" y que "todas las administraciones que compraron esas mascarillas eran gobernadas por el PSOE".

FISCAL GENERAL INDEPENDIENTE

El PP también se refiere a la investigación sobre Begoña Gómez, esposa de Sánchez, por los presuntos delitos de corrupción y tráfico de influencias por parte de un juzgado de Madrid y la Fiscalía Europea.

Se asegura que "al menos 11 ministerios se han visto involucrados en las actividades privadas de la esposa del presidente" y que "todas las empresas que financian" su actividad profesional "son o empresas rescatadas, adjudicatarias de contratos públicos, reguladas o participadas por el Estado".

Ante este escenario, el PP insta en su moción al Gobierno a "elaborar un plan nacional contra la corrupción y el fraude". También demanda "promover la despolitización de los órganos constitucionales y de las instituciones"; "proteger la independencia de los jueces"; aprobar "urgentemente" el reglamento de la Ley de Transparencia y nombrar un fiscal general del Estado "independiente".

Otras reclamaciones son regular los 'lobbies', establecer incompatibilidades para que miembros del Gobierno accedan a altos cargos judiciales, eliminar la "discrecionalidad" en la adjudicación de contratos públicos, recuperar activos fruto de la corrupción y apoyar la creación de una Red Europea Anticorrupción.