Esta inciativa fue anunciada hoy por Luciano Alonso, presidente de la Comisión de Sanidad y Seguridad Social del Senado, en la que, con motivo del "Día Mundial del Consumidor", que se celebrará el próximo viérnes, participaron también las organizaciones de consumidores.

Alonso explicó que la propuesta de crear la comisión de publicidad cuenta con el respaldo de los grupos parlamentarios, por lo que será aprobada en breve, una vez que pase los trámites parlamentarios habituales.

En la comisión intervino ambién el secretario general de Consumo, César Braña, quien confirmó que ya está concluido el primer borrador del Plan Nacional de Calidad y Salud Alimentaria, dentro del cual está incluido el Plan Nacional de Nutrición.

La entrada en vigor de este plan estaba prevista inicialmente para antes del próximo mes de abril, pero, según Braña, la sustitución de Julián García Vargas por Julián García Valverde como ministro de Sanidad y Consumo, retrasará su aplicación.

Explicó que el objetivo de estos plnes, que irán acompañados de normativas en inspecciones de control, es hacer que los españoles recuperen la dieta mediterránea, actualmente deteriorada, y se alimenten con productos de calidad.

MAYOR CONTROL A LOS RESTAURANTES

Braña señaló que las inspecciones para controlar la calidad de los productos se realizarán sobre todo en los bares y restaurantes, "para que no pongan en riesgo la salud de los consumidores". Anunció que su deseo es presentar el plan en el Senado, con la presencia también de ls empresarios y las organizaciones de consumidores.

El secretario general de Consumo insistió en la necesidad de perfeccionar los mecanismos para reparar los daños causados a los ciudadanos, y dijo que el reglamento que permitirá la generalización de las juntas arbitrales para solucionar los conflictos entre los empresarios y los consumidores sin recurrir a los tribunales, será aprobado en breve.

Pero, para Braña, el sistema arbitral "no es suficiente", ya que hay conductas delictivas contra los onsumidores que deben recibir "una adecuada sanción penal". Ello, a su juicio, permitiría corregir el desequilibrio en que se encuentran los usuarios frente a los responsables de los productos y servicios de consumo.

Finalmente, se refirió al movimiento asociativo de consumidores en España y a su necesaria consolidación. Según Braña, a finales de 1990 había 215 asociaciones censadas, con cerca de 700.000 afiliados, y 630 oficinas municipales de información al consumidor. Sólo estas últimas, recibieron1.200.000 reclamaciones el año pasado, medio millón más que en 1989.

MAS PARTICIPACION

Por su parte, los presidentes de las siete asociaciones de consumidores de ámbito nacional (UCE, OCU, FEACCU, ASGECO, CECU, FUCI y UNAE) pidieron en el Senado ser oidos en la elaboración de todos los proyectos de leyes relacionadas con la defensa de los derechos de los usuarios.

Coincidieron en la situación de inferioridad en que se encuentran los consumidores y destacaron la necesidad de coordinar y fomentarla colaboración entre las organizaciones de consumidores y las distintas administraciones.