Las limpiadoras trabajaban en una residencia de ancianos de la localidad sevillana de Marchena, cuya gestión corre a cargo de la consejería. Durante el tiempo que trabajaron, las mujeres cobraban 1.000 pesetas al día por tres horas de trabajo, sin estar dadas de alta en la Seguridad Social, según su letrado.

Estas trabajadoras consideran el despido ilegal e improcedente, despus de haber mantenido una relación laboral llena de irregularidades consentidas por una institución pública como es la Consejería de Asuntos Sociales y reconocen que habían soportado esta anómala situación esperando el contrato laboral prometido por el director de la residencia de ancianos.

Según las limpiadoras, el director se reunió con ellas para perdirles que retiraran la denuncia y les ofreció un trabajo que nunca llegó a darles.

En el juicio tendrán que prestar declaración representantes de a Consejería de Asuntos Sociales del Gobierno andaluz y del Ayuntamiento de Marchena.