En concreto, en materia judicial, Save The Children reclamó una modificación en la normativa que obligue a los jueces a aplicar las medidas de protección previstas ya en la ley a los menores víctimas en todos los procedimientos, y no dejarlo a voluntad del juez como ocurre en la actualidad.

Con esta medida, explicó Pepa Horno, psicóloga y responsable del informe, se evitaría "la doble victimización" que sufren los menores obligados a repetir una y otra vez los abusos sufridos. Aplicando las medidas de protección previstas para estos casos, añadió Horno, la primera declaración del menor sería considerada como prueba preconstituida, sin necesidad de ratificarla frente al agresor.

En la presentación del informe, Pepa Horno repasó la situación que se registra en España en la lucha contra el abuso sexual infantil. Según dijo, aún es necesaria una mayor coordinación entre todas las instituciones y profesionales implicados, "desde el profesor y el pediatra hasta el policía y el juez", aseveró.

En este sentido, lamentó que el tratamiento que reciben los menores agredidos depende aún de la comunidad autónoma en la que residen. Según dijo, no existe una coordinación a nivel nacional sobre protocolos de actuación y hojas de notificación de los abusos detectados.

Tampoco todas las comunidades tienen centros especializados de tratamiento. Asturias, Extremadura, Murcia, La Rioja, Navarra, Canarias, Ceuta y Melilla no disponen de ellos. "Esos tres instrumentos -centro especializado, protocolos de actuación y hojas de notificación- son tres cuestiones prioritarias para avanzar en esta lucha", aseveró.

A pesar de todo, Horno subrayó el avance "espectacular" que se ha registrado en los últimos años y que ha supuesto sacar a la luz un mayor número de casos. "Las cifras se han disparado, no sabemos si porque han aumentado los casos o porque ahora tenemos mayores instrumentos para detectarlos". En cualquier caso, advirtió, queda mucho por hacer.

Entre los avances conseguidos, el informe recoge el aumento de la sensibilización y la prevención; el Plan Nacional de Explotación Sexual Infantil, y la creación de los Centros de Tratamiento Especializado en once comunidades.

Asimismo, en cuanto a las líneas de mejora que propone, destaca la mejora de la educación afectivo-sexual de los menores; la generalización de los protocolos y las hojas de notificación de casos; mayores recursos para la difusión del Plan de Explotación, y mejoras en la formación de todos los profesionales implicados.

TRATAR A LOS AGRESORES

Un último aspecto que proponen desde Save The Children, "el más polémico", según reconocen, es el tratamiento a los menores agresores, para quienes piden más recursos y programas de rehabilitación. Según la ONG, la tercera parte de los agresores sexuales son menores de 18 años y rehabilitarles es una estrategia más de prevención.

Los diversos estudios realizados desde distintos ámbitos en los últimos cinco años señalan que el 23% de las niñas y el 18% de los niños han sufrido alguna forma de abuso sexual antes de los 18 años.

La edad de los abusos se concentra entre los 6 y los 12 años. Según un informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre sentencias dictadas en 2002, el 63% de las víctimas eran menores de 11 años y el 31% menores de 5 años.

Los datos del Ministerio del Interior referidos a casos de abuso sexual que llegan a ser denunciados hablan de 3.829 en el año 2004, una cifra que sigue en aumento. De ellos, 3.151 eran niñas y 678 niños varones, una diferencia de sexo "obvia" con una "mayoría aplastante de niñas víctimas".

Respecto al agresor, los datos apuntan que el 62% de los agresores eran conocidos de la víctima, el 31% eran familiares y sólo el 7% desconocidos. En la mitad de los casos pasa más de un año desde el inicio de la situación de abuso hasta la denuncia.