Lo hizo a través de un comunicado en el que rememoró que cerca de 700.000 desahucios han tenido lugar en España desde 2008, de los que entre el 70% y el 80% afectan a familias con niños y adolescentes, según la ONU.

En ese sentido, expuso que la vivienda representa el “espacio físico de la crianza” y “determina las posibilidades de crecimiento y desarrollo físico, intelectual y emocional” de los chavales. Bajo ese prisma, consideró “imprescindible” que se incluyan las necesidades de los menores en la norma, cumpliendo lo establecido en el artículo 47 de la Constitución.

Así pues, celebró que se vayan a votar enmiendas que incluyen a la infancia y adolescencia como un “colectivo prioritario” en el acceso a la vivienda social o que facilitan a las familias vulnerables ayudas a la rehabilitación de casas, “cuestión estrechamente ligada a la pobreza energética”.

A pesar de ello, lamentó que la ley “carece todavía de una medida clave para proteger a los niños de los desahucios”: que el informe de vulnerabilidad que emiten los servicios sociales como trámite previo a un desahucio cuando hay presencia de menores de edad en el hogar sea obligatorio (la norma contempla que sea obligatorio).

Del mismo modo, Save the Children reseñó que la ley ignora “cuestiones fundamentales” para afrontar la “crisis de vivienda” en España, entre las que citó hacer indefinido el plazo de calificación de las viviendas sociales, ya que “los 30 años recogidos en la ley son insuficientes”; o la automatización del acceso a ayudas a la vivienda para determinadas situaciones y colectivos.

Por último, criticó que “la falta de presupuesto asociado puede generar también dificultades a la hora del desarrollo efectivo de la ley”.