El informe, financiado con 235.000 euros por parte de la Fundación para la Investigación y la Prevención del Sida en España (FIPSE), de la que forman parte tanto el Ministerio como los laboratorios farmacéuticos que se dedican a la investigación sobre esta enfermedad, ha sido elaborado por la Universidad Carlos III de Madrid con la colaboración de Cruz Roja Española y la participación de diversas ONG, como la Coordinadora Estatal de ONG de Sida (Cesida), entre otras.

Basado en el protocolo del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida (Onusida) para la identificación de cualquier tipo de discriminación asociada a esta lacra, el estudio fue puesto en marcha con los objetivos de identificar posibles prácticas discriminatorias en España, divulgar ejemplos de buenas prácticas y formular recomendaciones para la adopción de medidas antidiscriminatorias.

Para ello, el investigador principal del estudio, Rafael de Asís, indicó que se revisaron aspectos como la legislación, los reglamentos y procedimientos internos de organismos públicos y privados (para lo que se remitieron un total de 2.319 cuestionarios) y asuntos relacionadas con la vida cotidiana, a través de informadores clave y de la recopilación de testimonios directos de ciudadanos.

Durante la rueda de prensa el director ejecutivo de Onusida, Peter Piot, señaló los múltiples ámbitos que abarca esta iniciativa, entre los que destacan los aspectos sanitarios, empleo, justicia, administración, vivienda, educación y seguros.

PRÁCTICAS DISCRIMINATORIAS

En cuanto a la legislación española, señaló que no es discriminatoria hacia las personas que padecen esta dolencia, aunque sí ha detectado casos aislados en el análisis de los reglamentos y protocolos internos de distintas organizaciones, como en el ámbito laboral, la presencia de normas que regulan la entrada y residencia en España, bienestar social, seguros de vida y de asistencia sanitaria privados y servicios bancarios.

Respecto a la vida cotidiana, el equipo de investigación recibió un total de 596 notificaciones de prácticas discriminatorias correspondientes a todas las áreas de estudio, de lo que se desprende que en este terreno persisten prácticas discriminatorias en esta materia.

En el ámbito sanitario, por ejemplo, desvela prácticas minoritarias como el aislamiento no justificado del paciente, la derivación no justificada a otro profesional, la realización de la prueba sin consentimiento informado o el marcaje especial de la documentación del paciente.

Concluye también que la seropositividad dificulta el acceso y el mantenimiento del empleo en la práctica cotidiana. Por ejemplo, sigue habiendo empresas que preguntan en los formularios o durante las entrevistas de reclutamiento de personal si se es seropositivo.

Además de estos dos ámbitos, se podrían destacar otras situaciones detectadas con consecuencias negativas para las personas que viven con sida. Por ejemplo, la aplicación errónea del criterio de "enfermedad infecto-contagiosa" al VIH para restringir el acceso a balnearios, residencias, pisos tutelados, becas de estudios o visados, cuando este virus no constituye impedimento alguno para el acceso a estos servicios ni riesgo de transmisión a otras personas.

MEDIDAS A DESARROLLAR

A partir de los resultados de este estudio, el primero que aborda de manera específica esta cuestión en España y uno de los primeros en todo el mundo, Salgado anunció que su departamento acometerá una serie de iniciativas para erradicar este estigma al que, a través de la Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida, se concederá un carácter prioritario.

Así, se va a proponer la inclusión de medidas en esta línea en el próximo Plan Multisectorial 2006-2012, documento estratégico en el que se marcan las líneas prioritarias a desarrollar en los próximos años por parte de las administraciones, tanto central como autonómicas, así como por ONG y colegios profesionales.

Además, la lucha contra esta discriminación aparecerá por primera vez de forma explícita como un área prioritaria de asignación de los fondos destinados a la prevención del sida que el Ministerio de Sanidad transferirá a las Comunidades Autónomas en 2006, fondos que ascienden a 4,8 millones de euros.

La actual convocatoria de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro, cuyo presupuesto asciende a 3,15 millones de euros, un 300% más que hace dos años, recoge entre sus prioridades, también por primera vez de forma explícita, la lucha contra el estigma y la discriminación en materia de Sida.

Por otra parte, se intensificarán las políticas de información y sensibilización con el objetivo de cambiar las actitudes discriminatorias hacia las personas con sida o hacia las poblaciones más vulnerables. Estas actuaciones se dirigirán tanto a la población general como a grupos más específicos y también a profesionales implicados en esta área.

Salgado, quien recordó que, según datos del Instituto Nacional de Estadística, 1 de cada 3 españoles afirma que no trabajaría o estudiaría con infectados por Sida, señaló que "la discriminación por esta enfermedad, con la que conviven actualmente más de 40 millones de personas en todo el mundo, no es admisibleen una sociedad democrática porque viola la dignidad de la persona y nos empobrece a todos".