Según un informe de S&P, “la composición heterogénea del apoyo parlamentario al gobierno significa que cualquiera de los partidos de la coalición, incluidos los pequeños, podrían bloquear la aprobación de legislación, incluso sobre políticas críticas para garantizar que la relación deuda/PIB siga el mismo ritmo descendente”.

Además, indica que la primera prioridad de la administración entrante será aprobar el presupuesto de 2024 y que esto supondrá tomar decisiones difíciles sobre cómo eliminar gradualmente el apoyo fiscal anticrisis que se introdujo por primera vez en 2022, cuando comenzó la guerra en Ucrania.

Por ello, reitera que “el apoyo parlamentario fragmentado al nuevo gobierno podría limitar su capacidad para gobernar de manera efectiva y oportuna, y para abordar desafíos económicos a más largo plazo como la consolidación presupuestaria, la resolución del déficit estructural del sistema de seguridad social; reducir el desempleo, y la implementación de reformas relacionadas con el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia”.

Además, señala que durante las negociaciones sobre la formación del Gobierno, el PSOE acordó absorber parte de la carga de la deuda de Cataluña y añade que si el nuevo Ejecutivo aprueba esta medida se podría trasladar a otras regiones.

En todo caso, aclara que el correspondiente aumento de la deuda no tendría ningún impacto en las calificaciones crediticias soberanas de España porque sus indicadores presupuestarios de referencia se basan en datos globales que incluyen ya cuentas del gobierno central y regional.