Así lo defendió Rosell en el transcurso de su rueda de prensa mensual para valorar los últimos datos relacionados con la violencia de género en España y en la que recordó que dicha reforma, que actualizará la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, “sigue en negociación dentro del Gobierno”, por lo que no se quiso “aventurar” a “valorar un extremo que pueda variar en la negociación” respecto al contenido de dicha ley más allá de “principios u objetivos”.

“Cuando la administración pública, el Estado, asume esa prestación, los empresarios no pueden alegar que esto resultará discriminatorio”, abundó.

Además, subrayó que, merced a la reforma de la Ley del aborto, el Gobierno “está instalando por primera vez en la opinión pública" como derechos de la mujer "aspectos como el buen trato en medicina obstétrica y ginecológica o la pobreza menstrual”.