Así se expresó Ribera en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros que aprobó el plan de ahorro y eficiencia energética con el objetivo de que España cumpla el compromiso con Bruselas de reducir un 7% su consumo de gas.

“La situación es crítica porque se puede producir un corte del gas procedente de Rusia en cualquier momento”, advirtió Ribera, quien añadió que “cualquier agresión a un socio europeo lo es a todos”.

En cuanto a la exigencia de límites en la temperatura, detalló que se aplicará a edificios administrativos, espacios comerciales y culturales, grandes almacenes, hoteles, cines, estaciones de tren y autobús, así como a los aeropuertos. Además, pedirá que se instalen termómetros en zonas de fácil visibilidad para que se pueda comprobar que se cumple la normativa.

Además, el plan exigirá apagar las luces de los escaparates y de los monumentos a las 22.00 horas, así como la iluminación de los edificios públicos cuando no estén en uso. Para ello, el real decreto ley dará un plazo de una semana para aplicar dichas medidas.

A este respecto, Ribera se refirió a un estudio del Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE) que estima que por cada grado menos de aire acondicionado se ahorra un 7% de consumo energético.

Otras exigencias para los edificios públicos será que deban mantener cerradas sus puertas cuando esté encendido el aire acondicionado o la calefacción. Para ello, el Gobierno permitirá instalar un sistema que lo permita hasta el 30 de septiembre.

Asimismo, el real decreto exige la revisión de las instalaciones de calefacción y de agua caliente para evitar posibles deficiencias que provoquen pérdidas de gas. Para realizar estas revisiones da plazo hasta el 1 de diciembre y exime a aquellas instalaciones revisadas después del 1 de enero de 2021.

Entre el resto de medidas del plan, que estarán vigentes hasta el 1 de noviembre de 202, Ribera se refirió también al impulso del teletrabajo para reducir el gasto energético en transporte y en climatización de edificios. A este respecto, instó al resto de Administraciones Públicas y a las grandes empresas a aplicar de nuevo esta modalidad de trabajo.

El plan también contempla la modificación de la Ley de contratos de la administración para adjudicar por vía de urgencia trabajos relacionados con la eficiencia, la rehabilitación, el cambio en la iluminación o en las instalaciones térmicas.

Por otro lado, introduce mayor flexibilidad para verter a la red los excedentes del autoconsumo o para instalar plantas de bombeo de gases renovables o de almacenamiento. También incrementa en 1.000 millones la dotación de la línea de ayudas de eficiencia energética para industria y pymes, crea una nueva línea de 100 millones para el sector servicios y otra para instalar baterías en plantas renovables antiguas.

Este plan de ahorro y eficiencia energética formará parte del plan de contingencia que el Gobierno remitirá a la Comisión Europea en septiembre, junto a medidas para favorecer el cambio a otros combustibles y la transición energética, además de iniciativas para potenciar la solidaridad con los socios europeos.