En una declaración que se prolongó por más de cuatro horas, Collado asumió en primera persona la responsabilidad de la gestión de esos contratos. Aseguró que lo hizo voluntariamente y que no recibió instrucciones de ningún superior o responsable político del Ayuntamiento.

En concreto, aseguró a preguntas de la acusación popular que se encargó de estos contratos porque así lo hizo en muchos otros procesos de compra que se gestionaron a través de la funeraria municipal y sin recibir indicación alguna sobre éste en concreto.

En su declaración de este viernes, Collado aseguró que había hecho memoria al revisar la documentación remitida al juzgado por el Ayuntamiento y explicó que el número de teléfono de Medina le llegó a través de un correo electrónico que le reenviaron desde la dirección de la coordinadora general de la alcaldía, Matilde García Duarte, a quien se lo había facilitado el primo del alcalde.

Fuentes presentes en la declaración destacaron que la responsable municipal dijo en su declaración ante el fiscal Anticorrupción que no recordaba los detalles relativos a cómo obtuvo el número de Medina, aunque reconoció que una vez lo tuvo le llamó y en esa conversación el hijo del duque de Feria le dijo que tenía “un amigo” con contactos en “empresas en China y que tenía experiencia en el mundo del comercio internacional y proveedores fiables”.

TESTIGO

Collado declaró como testigo este viernes ante el juez Adolfo Carretero para aclarar los tres contratos que negoció con Alberto Luceño para proveer de material sanitario a la ciudad de Madrid y por los que los investigados obtuvieron comisiones millonarias.

Elena Collado era la encargada de compras del consistorio madrileño en el inicio de la pandemia y fue la persona que pactó directamente con Alberto Luceño los contratos para traer guantes, mascarillas y test covid. De las negociaciones sobre la comprar hay registro documental a través de conversaciones de WhatsApp y correos electrónicos

El Ayuntamiento de Madrid acabó pagando más de 11 millones de euros a la empresa malaya Leno. De esa cantidad total, seis millones acabaron en los bolsillos de los comisionistas Alberto Luceño (cinco millones) y Luis Medina (un millón), ambos imputados en esta causa por estafa agravada, falsedad documental y blanqueo de capitales.

La acusación popular ejercida por el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Madrid había pedido la imputación de la responsable de compras del consistorio, pero el juez rechazo esa posibilidad. En su calidad de testigo, Collado está obligada a decir la verdad, mientras que si fuera imputada podría hacer las declaraciones que considerara pertinentes para defenderse.

CONTRATOS DESCARTADOS

Preguntada por los motivos que le hicieron elegir estos contratos y no otros de los centenares que se llegaron a ofrecer en ese momento al Ayuntamiento, Collado explicó que muchos se desecharon porque pedían el 100% del pago por anticipado o porque aportaron certificaciones falsas, que no aclaró cómo se comprobaron.

En el caso de Medina y Luceño, añadió, se fiaron porque “era españoles, porque les daba fiabilidad de que la mercancía era buena y porque mandaron enseguida documentos” (que remitieron en chino y no se tradujeron). Y concluyó que vieron “que eran empresarios y nos fiamos”.

Sobre el tono de confianza que empleaba en los mensajes con Luceño, en los que no faltaban incluso apelativos cariñosos o diminutivos, Collado aseguró que es el tono “normal” en el día a día con las personas con las que se contrataba.

En relación al mensaje en el que, tras comprobar que el precio de los guantes recibidos era disparatado al compararlo con el de los que se vendían en supermercados españoles, le decía a Luceño que les habían estafado, dijo la responsable municipal que se refería a que “todos” habían sido estafados, incluidos los empresarios españoles, y atribuyó el engaño a “fabricantes y distribuidores”.

Además, Elena Collado explicó ante el juez que “reportó” la información de este contrato al alcalde, José Luis Martínez-Almeida. La acusación popular quiso saber qué significaba “reportar”, a lo que la testigo respondió que era sinónimo de “informar”, al igual que hacía con otros contratos y otros departamentos municipales.

La responsable de compras del Ayuntamiento insistió en que pensaba que estos dos empresarios querían “colaborar” porque la llegada de material sanitario era difícil en ese momento. Admitió que algún momento pensó que “algo se llevarían”, pero en ningún caso imaginó el calibre de la comisión que cobraron.