CCOO y CEOE ya tienen el visto bueno de su Consejo Confederal, en el primer caso, y de la Junta Directiva, en el segundo, para poner su firma sobre el pacto.

Mientras, la UGT ha convocado a su máximo órgano entre congresos, el Comité Confederal, para el 8 de mayo, víspera de la rúbrica del acuerdo, para autorizar la firma del mismo.

El acuerdo se plasmará en un decreto, con el fin de que la entrada en vigor de los puntos del mismo sea lo más rápida posible.

De este modo, se evita el paso por el Parlamento de la reforma, que sólo tendrá que ser convalidada por los diputados, salvo que se decida la tramitación del pacto como proyecto de ley, lo que daría cierta interinidad al decreto, que ya estaría en vigor.

El objetivo de Gobierno y de los agentes sociales es comprobar el efecto que la reforma tiene hasta el 31 de diciembre, ya que incorporará un plan de choque con medidas para atajar la temporalidad.

LIMITACIÓN TEMPORALIDAD

La reforma laboral incluirá una limitación a los contratos temporales, de tal forma que un empleado que lleve 24 meses en el mismo puesto deba ser contratado como fijo.

Esta medida se complementa con la limitación a la contratación encadenada de trabajadores temporales en un mismo puesto, aunque esta propuesta será desarrollada en el marco de la negociación colectiva.

Además, se modificarán las bonificaciones que los empresarios reciben por la contratación de trabajadores fijos.

En primer lugar, la reforma eliminará los incentivos a la conversión de contratos temporales en indefinidos. En opinión del Gobierno y los sindicatos, estas ayudas realmente estaban provocando que la primera contratación de un trabajador se hiciera temporal para luego convertirlo en fijo.

Tras el acuerdo, todas las bonificaciones a la contratación serán para los trabajadores cuyo primer contrato sea indefinido. Sin embargo, los empresarios seguirán recibiendo estas ayudas a la conversión de los empleados temporales hasta el final de 2006, gracias al "plan de choque" del ministerio.

Asimismo, la reforma incrementa la duración de las bonificaciones e incentivos, que pasarán de recibirse durante dos años a cuatro años. No obstante, a pesar de este aumento en la duración de las ayudas, el Gobierno aseguró que su importe total no variará.

Los empresarios recibirán además una rebaja en las cotizaciones, tanto en los contratos indefinidos como las que realizan al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa).

En este último caso, Gobierno y agentes sociales han acordado también la mejora de las prestaciones que los trabajadores reciben del fondo cuando se han visto afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE) o por la quiebra de su empresa.

Estos puntos se complementarán con otras medidas, como las referentes a la subcontratación. En este caso, las tres partes han acordado reforzar la lucha contra la cesión ilegal de trabajadores.

Sólo las ETT están capacitadas para ceder a sus trabajadores a otra empresa, por lo que los procesos de subcontratación no podrán limitarse exclusivamente a la utilización de mano de obra.