Esta propuesta fue acordada ayer en la asamblea general de la CRUE celebrada en Málaga y hecha pública hoy, a través de un comunicado.

La propuesta es una alternativa a lo previsto en el anteproyecto de ley de Estatuto de la Función Pública que h aprobado el Gobierno, contra el que se manifestaron miles de estudiantes el pasado martes.

Estos estudiantes son universitarios de carreras cortas (diplomados, ingenieros técnicos y arquitectos técnicos), que se oponen a que se les encuadre en el Grupo Segundo de la Función Pública y se les impida el acceso al Grupo Primero, reservado para los que tengan el título de doctor, licenciado, ingeniero o arquitecto.

El comunicado de la CRUE señala que el anteproyecto "afecta negativamente" a los univesitarios de carreras cortas, por lo que sugiere que "todos los titulados se incorporen a un único grupo de funcionarios, eventualmente con distintos grados, quedando los demás grupos para funcionarios sin titulación universitaria".

Los rectores opinan que esta clasificación sería acorde con la reglamentación general que regula el Estatuto de la Función Pública en la Unión Europea.

Por otra parte, el comunicado señala que la asamblea general de la CRUE ha acogido con "profunda inquietud" la ausenca de soluciones del Gobierno a la situación del profesorado universitario, cuestión prevista en la reforma del Título V de la LRU, relativo a la carrera docente, que pactaron con el Ministerio de Educación.

La CRUE recuerda que es preciso adoptar una medida de manera rápida, porque hay cuestiones urgentes como el futuro de los ayudantes doctores, que sólo pueden permanecer tres años en esa situación, y la prórroga de los contratos de los profesores asociados.

Sobre la reducción de asignaturas aprbada ya por el Consejo de Ministros, los rectores dicen que han acogido positivamente "la rápida respuesta dada a su voz de alerta", pero reiteran que ven "prácticamente imposible" la aplicación de manera generalizada de la reforma para el próximo curso, dada la proximidad de la apertura de los plazos de matrícula.

"La dificultad aumenta por la necesidad de adaptar los planes de estudio a unas directrices que el Gobierno deberá aprobar en los próximos meses", agrega.