Según difundió la CNMC en un comunicado, ha publicado su estudio de evaluación de impacto de las recomendaciones emitidas respecto a las ayudas del Plan Moves III, destinado a fomentar la adquisición de vehículos eléctricos y la implantación de la infraestructura necesaria para su recarga.

El Plan Moves III canaliza sus fondos a las comunidades autónomas y cada una de ellas ha establecido los requisitos para acceder a las subvenciones a través de sus respectivas convocatorias. Así, diez comunidades autónomas impusieron requisitos de oferta que reducían la competencia como que la compraventa del vehículo debía producirse en un concesionario situado en el territorio de la comunidad autónoma cuya ayuda se solicitara. La CNMC recomendaba a las regiones evitar “exigencias territoriales” sobre los intermediarios de las ayudas y permitir la tramitación de la ayuda directamente por parte de los compradores ante las administraciones correspondientes, sin tener que tramitar el expediente a través del concesionario.

“En la actualidad existen tres comunidades autónomas (Madrid, Cantabria y Asturias) que han implementado las recomendaciones de la CNMC”, según destacó Competencia.

El organismo defendió que sus recomendaciones buscan “corregir fallos de mercado” y calcula que si todas las comunidades autónomas implementaran sus recomendaciones podría suponer en el mercado de la distribución de vehículos a motor en España un incremento potencial de 67.150 empleados, 1.997 nuevos distribuidores, más de 267 millones de euros en la facturación de los distribuidores de vehículos ecológicos, la matriculación adicional de 3.959 vehículos ecológicos y la reducción de precio citada en los Cero Emisiones y ECO.

Además de estos efectos, la CNMC constata un potencial impacto sobre otros sectores de la economía general (fabricación de vehículos a motor, industria auxiliar del automóvil, mercado de seguros, servicios financieros, o la instalación de puntos de recarga, entre otros).