Mitma aportará 197,7 millones de euros y las comunidades autónomas los 59,6 millones de euros restantes.

A la firma también han asistido el secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas; el consejero de Movilidad y Vivienda de las Islas Baleares, Josep Marí i Ribas; la consejera de Empleo y Políticas Sociales de Cantabria, Eugenia Gómez de Diego; el consejero de Fomento de Castilla-La Mancha, Ignacio Hernando Serrano, y la directora general de Vivienda de Castilla y León, María Pardo.

La suscripción de estos convenios garantiza la ejecución del Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025 mediante la acción coordinada de las dos administraciones.

Para garantizar la continuidad entre planes estatales, las comunidades autónomas podrán convocar ayudas con efectos desde el 1 de enero de 2022.

El importe previsto que el Mitma va a destinar a todas las comunidades y ciudades autónomas en programas de ayudas del Plan Estatal asciende a 1.443 millones de euros en sus cuatro años de vigencia.

Dicho plan cuenta con cuatro tipos de programas que pretenden facilitar acceso a una vivienda digna; incrementar la oferta de viviendas en alquiler; erradicar la infravivienda y el chabolismo; mejorar la accesibilidad, y sufragar seguros de protección de las rentas del alquiler a los propietarios.

COLECTIVOS VULNERABLES

Durante su intervención, Sánchez destacó el trabajo conjunto entre administraciones para ofrecer soluciones en el ámbito de la vivienda a la ciudadanía.

En concreto, reivindicó la importancia del Plan Estatal por ser un instrumento que “atiende las urgencias de los sectores más frágiles y las necesidades de colectivos con grandes dificultades para acceder a viviendas dignas, adecuadas y asequibles”.

“Las personas y los hogares con menos recursos no son responsables de la insuficiencia de un parque de vivienda pública en alquiler del que deberían estar disfrutando”, indicó.