Así lo señaló en el Congreso de los Diputados durante su intervención para responder a la interpelación del PP sobre las medidas en materia de vivienda.

El diputado del PP encargado de la defensa de la iniciativa, Mario Garcés, acusó al Gobierno de “mitomanía” porque “niegan de manera reiterada que haya un problema de okupación en España” e indicó que son 100.000 las viviendas okupadas.

La ministra respondió que con el PP “se multiplicaron por tres las okupaciones” y apuntó que entre 2011 y 2018 pasaron de algo menos de 4.000 a más de 12.000, y hasta el 31 de marzo de este año han bajado un 11%. “No genere usted alerta con hechos que son residuales, que es cierto que se producen, pero frente a los que también estamos adoptando medidas”, añadió.

Raquel Sánchez defendió que la ley “regula y garantiza por primera vez” el estatuto legal de propietarios e inquilinos”, que “en absoluto favorece la okupación, es un nuevo bulo” y que las familias vulnerables “no son delincuentes”.

Garcés criticó que la nueva Ley de Vivienda es “contraria a todos los cánones del sistema económico y la lógica del mercado”, que el “discurso de ricos y pobres es muy ‘joseantoniano’” – en referencia a José Antonio Primo de Rivera-, la norma contraerá la oferta de alquiler y “al delincuente se premia y a la víctima se penaliza”.

La ministra contestó que “hablar de ricos y pobres no es un discurso, existen personas vulnerables” y que la ley “no está hecha para tipos como ustedes”, a lo que Garcés replicó que los diputados del PP no son tipos y la ministra “no es una tipa”.

Garcés también criticó que de las 50.000 viviendas para alquiler asequible en propiedad de la Sareb o ‘banco malo’ anunciadas por el Gobierno, “9.000 se podrían entregar ahora mismo” y el resto están sin edificar, okupadas o pendientes de rehabilitación. También pidió a la ministra que dimita porque el pacto de la ley con Bildu y ERC “le ha venido dado por encima” y “ha demostrado tener una irrelevancia política absoluta”.

La ministra dijo indicó que en un primer momento se planteó un objetivo de 20.000 viviendas para alquiler asequible que se ha incrementado a 100.000 y de las que ya se han movilizado el 60%. Además, se sumarán 43.000 más con préstamos con aval público y 20.000 adicionales en suelo de Defensa. Recordó que las competencias para la construcción son de comunidades y ayuntamientos, y el papel del Gobierno es “dar recursos”.