Esta es una de las conclusiones de la Conferencia Política del PSOE encargada de perfilar el programa electoral con el que los socialistas concurrirán a las elecciones del 14 de maro y que debatió enmiendas de las federaciones al programa marco redactado por la dirección del partido.

El Gobierno del PP recurrió al Tribunal Constitucional la subida aprobada por Andalucía en 1998, y el Alto Tribunal dio la razón a la Junta que preside Manuel Chaves. Tras ello, el Ejecutivo de Aznar aprobó una norma para tratar de dejar claro que los complementos de pensiones son ilegales.

El coordinador del programa electoral socialista, Jesús Caldera, explicó que la posibilidad de complementr pensiones no contributivas (que perciben quienes no han cotizado a la Seguridad Social) "no significa pensiones distintas en todo el territorio nacional" y aseguró que las no contributivas quedan en el marco de la acción social que es competencia de las comunidades autónomas.

Caldera reconoció que complementar las pensiones contributivas de la Seguridad Social no sería legal, y en este punto el PSOE quiere "mantener la homogeneidad" de estas prestaciones en todo el territorio nacional. Por contra, v posible fijar complementos en las pensiones no contributivas.

DEPENDENCIA

Otro de los grandes ejes que articularán el programa electoral socialista es la elaboración de una Ley Básica reguladora de Servicios Sociales, "que sea universal y preste sus servicios a todos los españoles". Entre las medidas, mejorar la atención a los dependientes, tanto con servicios a domicilio como en residencias, ayudas a las amas de casa o la creación de una red pública de escuelas infantiles para niños de cero a tresaños.

Los ciudadanos, según su poder adquisitivo, deberán pagar parte del coste de estos servicios, que "no serán gratuitos", añadió Ramón Jáuregui, ponente de esta parte del programa, quien explicó que "los ciudadanos colaborarán en función de su renta".

El PSOE propone implantar dicha red de escuelas infantiles, que tendrán "contenido educativo y pedagógico" y para la que se dispondrán 300.000 plazas, según dijo Caldera. Además, se extenderán los servicios que prestan actualmente los centros edcativos para, fuera del horario escolar, ofrecer actividades deportivas, artísticas, aprendizaje de idiomas o conocimientos de tecnologías de la información. Al igual que sucede en el tema de los servicios sociales, parte del coste de estos nuevos derechos serán sufragados por las familias en función de su nivel de riqueza.

En materia cultural, se lanzará un plan de apoyo a las ciudades patrimonio de la humanidad y se propondrá a Salamanca como ciudad candidata a la exposición universal de educación, ultura, ciencia y tecnología, que se debe celebrar en el año 2018.

En materia de derechos cívicos, la conferencia política ha acordado eliminar la separación entre la pareja como requisito previo a que se reconozca el divorcio. En la actualidad, para que se conceda el divorcio a una pareja debe acreditarse previamente que se ha estado separado.