La portavoz de los populares, Cuca Gamarra, fue la encargada de defender la toma en consideración de la proposición de ley de su partido que plantea modificar el Estatuto de la Víctima del Delito "para cubrir determinadas lagunas".

El asunto más destacado de la iniciativa del PP es ampliar los ámbitos de participación de las víctimas en la ejecución de la pena de los delincuentes. Se busca evitar con ello que se den beneficios a los penados sin que los afectados puedan pronunciarse mediante un recurso o con alegaciones.

La proposición de ley de los populares sólo contó con el apoyo de Vox y de Ciudadanos, mientras que anunciaron su voto en contra PSOE, Unidas Podemos y las formaciones nacionalistas que vienen respaldando al Gobierno de Pedro Sánchez. Por lo tanto, la proposición no será tramitada.

COMO EL “CÓDIGO HAMMURABI”

En este sentido, Gamarra afirmó que es necesario “acabar con la impunidad penal, pero también con la impunidad política social y moral” de los etarras, puesto que no es posible que tengan beneficios penitenciarios “quienes ni se arrepienten ni colaboran” con la Justicia.

La portavoz del PP destacó que esta legislatura 209 presos etarras han sido trasladados a cárceles próximas del País Vasco, a lo que se suma la concesión de 25 terceros grados y 14 libertades condicionales para reclusos de la banda terrorista.

Gamarra añadió que a lo anterior se suma que en las últimas semanas se haya conocido, a través de un informe de la Guardia Civil, que en el Ministerio del Interior ha existido “una trama secreta para conceder beneficios penitenciarios a los terroristas de ETA a cambio de apoyos parlamentarios”.

Por su parte, Miguel Ángel González, del PSOE, acusó al PP de usar a las víctimas del terrorismo “como excusa” y para hacer oposición, al tiempo que sostuvo que la proposición de ley presentada por el primer partido de la oposición carecía de “rigor jurídico”.

A su vez, Joan Iñarritu, de EH Bildu, manifestó que la propuesta de los populares era “más propia del Código de Hammurabi que de la legislación europea del siglo XXI”. Asimismo, Mikel Legarda, el PNV, defendió que el planteamiento del PP parte de una “notoria desconfianza” hacia los funcionarios de prisiones y los jueces que deciden sobre la situación de los internos, al tiempo que da a las víctimas la posibilidad de “dificultar” la reinserción de los presos.