Según diversas informaciones difundidas recientemente en medios de comunicación, Rodríguez de Castro gastó, entre 1996 y 2000, 195 millones de pesetas en protocolo, 107 millones másde lo inicialmente presupuestado, de los que la mayor parte fueron a parar a restaurantes y hoteles de lujo de Madrid.

El portavoz de Presupuestos del Grupo Socialista en el Congreso, Francisco Fernández Marugán, declaró a Servimedia que el Ministerio de Hacienda es el responsable de velar por la correcta gestión financiera de este consorcio, puesto que es quien nombra a su director general.

"El señor Montoro", dijo Marugán en referencia al ministro, "no puede comportarse como un cuco en este tem. Tiene poder y responsabilidad en este órgano (el consorcio) como para que haga actuar a la Agencia Tributaria, a la Intervención General del Estado y a la Inspección General del Ministerio de Hacienda, para averiguar si estas informaciones son o no ciertas".

Fernández Marugán subrayó así su convicción de que este asunto debe ser clarificado por el Ministerio de Hacienda, y no por autoridades municipales de Cádiz, como se cree desde algunos ámbitos.

El portavoz socialista recordó que los tres cosorcios de Zonas Francas existentes en España (Barcelona, Vigo y Cádiz) son organismos públicos "un tanto especiales" y, en concreto, el de Cádiz se creó en 1929 y sus estatutos datan de 1933. En consencuencia, las transformaciones del sector público y de la propia actividad financiera han obligado a determinadas modificaciones en los últimos años.

DEPENDENCIA DE MONTORO

Las de carácter estatutario se acometieron en 1998 a través de una orden del 25 de junio, por la que el entonces Ministerio de Ecoomía y Hacienda establecía como objetivo del consorcio la explotación de la Zona Franca de Cádiz "bajo la dependencia exclusiva" del propio ministerio.

El siguiente paso fue un decreto legislativo de 23 de diciembre de 1999, en el que se establecía que el consorcio obtiene sus recursos fundamentalmente por la recaudación que el Estado le cede, sobre todo del Impuesto sobre Sociedades. Esa cesión se hace, según recordó Fernández Marugán, bajo la Administración de la Agencia Tributaria.

Agregó que se mismo decreto decía que los consorcios que reciban el recurso regulado en esta disposición quedarán sometidos al control financiero ejercido de forma centralizada por la Intervención General de la Administración del Estado, ajustarán las normas contables a las entidades públicas de carácter estatal y rendirán cuenta, por conducto de la Intervención General del Estado, al Tribunal de Cuentas.

"Por tanto", concluyó, "son tres organismos los que tienen competencias financieras en el consorcio: la Agenia Tributaria, la Intervención General del Estado y la Inspección General del Ministerio de Hacienda", todas ellas dependientes del departamento que dirige Cristóbal Montoro.

En consecuencia, dijo, "no es posible situar exclusivamente la polémica que está surgiendo en este momento en una tensión de carácter municipal en el ámbito de la provincia de Cádiz".

Por si fuera poco, el portavoz socialista recordó que fue el Gobierno del PP, a través de un decreto de 1996, el que nombró a Rodríguez de Casro delegado especial del Estado en la Zona Franca de Cádiz, "a propuesta del vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda, y previa deliberación del Consejo de Ministros, en su reunión del 12 de julio del 1996".

Con este criterio expuesto por Fernández Marugán, los socialistas pedirán en el Congreso que el Tribunal de Cuentas fiscalice los ejercicios del consorcio entre 1995 y 2000, ambos inclusive.

FACTURAS MILLONARIAS

En otras iniciativas anteriores, los socialistas ya pidieron exresamente la comparecencia en el Congreso del propio Montoro, al que han solicitado también que envíe al Parlamento diversa documentación.

Concretamente, le han pedido los informes de control presupuestario interno de estos años, un informe interno supuestamente firmado en enero de 2000 por los cinco directores ejecutivos y el secretario general del consorcio, y las cuentas auditadas de la Zona Franca de Cádiz correspondientes a 1997, 1998 y 1999, dejando las de 2000, que aún no estarán finalizadas. Fernández Marugán ha emprendido además diversas iniciativas específicas para saber si la Inspección General del Ministerio de Hacienda y la Agencia Estatal Tributaria están llevando a cabo algún tipo de actuación con el fin de aclarar estos hechos.

Junto a estas peticiones, los socialistas han requerido también al Ministerio de Hacienda que aclare y, en su caso, justifique, diversos gastos millonarios concretos abonados por el consorcio a hoteles y restaurantes de lujo.

En concreto, hablan de acturas de 600.800 pesetas por un almuerzo en la Zona Franca en 1999, de 1.175.000 por el alquiler de una sala del Hotel Palace de Madrid, 1.377.000 del Hotel Nacional, varias por valor total de más de un millón de pesetas del Ritz, y otra de 315.000 correspondiente a "un aperitivo".

Además, denuncian varias facturas de pagos a los restaurantes Zalacaín, Jockey, Egaña Oriza, El Espigón, Casa Flores, La Marina del Puerto Real o El Cantábrico, diversos gastos a cargo de una tarjeta Bussines card-oro y nmerosas facturas a una agencia de viajes.