El acuerdo se sustenta en un sistema de cooperación, tal y como anunció Servimedia, por el que los Mossos d'Esquadra trabajarán en la frontera catalana junto a Policía Nacional y Guardia Civil, es decir, que dependerán del Ministerio del Interior, tal y como ofreció el Ejecutivo a Junts.

La formación independentista tendrá que asumir este sistema de cooperación y no la delegación "integral" que buscaba, al no tener encaje esta medida con la Constitución ni con el actual modelo Schengen que instaura la libre circulación entre los Estados miembros de la Unión Europea.

El texto de la propuesta registrada en la Cámara Baja señala que "Cataluña se configura como 'ventanilla única' en su territorio para las autorizaciones de estancia de larga duración, residencia temporal y residencia de larga duración; así como expedirá el documento de identidad para los extranjeros, a partir del Registro del NIE del Estado español".

Asimismo, se procederá a incrementar el número de Mossos d’Esquadra en Cataluña en 1.800 efectivos, hasta alcanzar la cifra total de 26.800 agentes y Cataluña ejercerá la competencia sancionadora de los procedimientos administrativos (incluida la resolución y ejecución), como la instrucción y ejecución de las expulsiones que no requieran expediente (devolución).

Por el contrario, las expulsiones que requieran expediente se resolverán y ejecutarán a partir de la propuesta de expulsión formulada por la Generalitat, previa valoración de los criterios orientativos que establezca la Junta de Seguridad de Cataluña. Además, Cataluña gestionará integralmente los Centros de Internamiento de Extranjeros.

"En Contrataciones en Origen, Cataluña será quien determinará (junto a sus empresas y sindicatos) los perfiles y el contingente de trabajadores y trabajadoras extranjeras", según reza la propuesta. Mientras que en materia lingüística se aplicarán las previsiones de la legislación vigente en el ejercicio de las competencias delegadas y también serán los Mossos d’Esquadra quienes ejercerán la competencia para la prevención, persecución, protección y asistencia a las víctimas de tráfico y explotación de seres humanos.