Los cálculos del Gobierno se alinean con las proyecciones de organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef). Ambas instituciones coinciden en que España cumplirá con las nuevas reglas fiscales –cuya reforma aún se tiene que culminar en Bruselas– siempre y cuando decaiga el paquete de medidas fiscales aprobado para hacer frente a los efectos de la guerra en Ucrania y la posterior crisis energética.

Desde el Gobierno en funciones, sin embargo, no han tomado aún ninguna decisión definitiva sobre la continuidad de estas políticas y ponen la pelota en el tejado del siguiente Ejecutivo con plenos poderes, a pesar de que todo apunte a que será sustancialmente el mismo.

“No se ha tomado ninguna decisión sobre las medidas que expiran a finales de este año. El Gobierno adoptará las medidas que corresponda, en línea con lo que se ha venido haciendo, analizando su funcionamiento y adaptándolas a las necesidades de la economía”, declaró este lunes el secretario de Estado de Economía, Gonzalo García, en atención a los medios.

4.895 MILLONES

El Gobierno de Pedro Sánchez deja así abierta la puerta a la posibilidad de prorrogar algunas de estas políticas en el caso de que considere necesario seguir brindando este apoyo. Si apuesta por este camino, las cuentas públicas dejarían de recaudar hasta 4.895 millones, aunque esta cifra se alcanzaría solo en el caso de que el Gobierno optase por prorrogar el paquete entero y durante todo 2024.

La política que produciría la mayor merma sería la rebaja del IVA de los alimentos. El Gobierno calcula que recaudará 1.350 millones de euros más si esta medida no se prorroga y, por tanto, si el IVA de productos como el pan, las harinas panificables, la leche, los huevos, las legumbres, los cereales, las frutas, las verduras y las hortalizas vuelve al 4%, a la vez que el tipo del aceite y la pasta retorna al 10%.

Los 3.545 millones restantes se corresponden a las rebajas fiscales vinculadas a la energía. El Plan Presupuestario recoge que no se prorrogarán y el Estado recaudará 1.100 millones más por el fin de la exoneración del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (Ivpee), 1.032 millones con el término de la rebaja del impuesto Especial de Electricidad, 1.016 con la conclusión de la bajada del IVA de la electricidad al 5% y otros 397 millones con la expiración de la rebaja del IVA del gas, la madera y los pellets también al 5%.

Estas cifras suponen un total de 4.895 millones de euros, que equivalen a casi el 0,32% del PIB. Por tanto, de prorrogarse finalmente todas estas medidas durante 2024, se tendría que llevar a cabo un ajuste fiscal de características iguales o superiores para cumplir con las nuevas reglas fiscales.

TRANSPORTE PÚBLICO, OTROS 1.440 MILLONES

No obstante, cabe señalar que el Plan Presupuestario sí recoge la continuidad de algunas medidas que también podrían decaer: las bonificaciones al transporte público. No hay ninguna decisión tomada, pero, como estas medidas no se aprobaron vía decreto ley –como las rebajas fiscales–, sino a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023, la suerte de estos descuentos dependerá primero de si hay nuevas cuentas públicas.

Como el Gobierno contempla en el plan presupuestario que las cuentas de 2023 se prorrogarán durante los primeros días de enero, por lo que el documento remitido a Bruselas recoge el impacto presupuestario de las bonificaciones al transporte público. No obstante, una vez que se aprueben los nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2024 –como pretende Sánchez– se podrá decidir si se prorrogan o no estas políticas.

El impacto presupuestario de estos descuentos fiscales asciende a 1.440 millones. 760 millones de euros son para las ayudas directas a comunidades y ayuntamientos para reducción del precio del billete de transporte a usuarios habituales, 600 millones para los subsidios de Renfe –entre los que se encuentran los abonos gratuitos de Cercanías y Media Distancia, que el Gobierno contempla mantener–, y 80 millones para la reducción del precio de los títulos multiviaje para viajar en autobuses de línea estatal.

En el caso de que estas medidas decayeran el 1 de enero, el déficit podría tener un efecto positivo equivalente a casi el 0,1% del PIB.