En el transcurso de la jornada ‘La situación de la vivienda en el Camp de Tarragona’, la Asociación de Promotores y Constructores de Catalunya (APCE) evidenció que la crisis habitacional, con una demanda de vivienda al alza y una oferta muy limitada, implica necesariamente tomar medidas a 25 años vista, con una estrategia clara y los recursos adecuados.

En la sede la Cambra de la Propietat Urbana, el presidente de la Apce en Tarragona, Daniel Roig, se mostró contundente: “Las posibilidades de que el sector privado pueda construir vivienda de protección social son cero”. Ejemplificó que los gastos para construir vivienda se han incrementado en más de un 30% desde el año 2005, asumiendo los constructores unos 213.000 euros por cada nueva unidad.

Además, se hizo hincapié en la necesidad de que la Administración y los gobiernos locales tomen iniciativas para incentivar la construcción y promoción, más allá de medidas que han aplicado de otra índole, como el límite de precios del alquiler en zonas tensionadas o una reserva mínima destinada a protección oficial, ambos con resultado en entredicho.

Desde el sector privado se considera que la Administración puede actuar con incentivos, como por ejemplo la cesión de suelo, las bonificaciones fiscales, la rebaja del IVA e incluso mediante subvenciones directas por la construcción de viviendas de protección pública.

EL POUM, OPORTUNIDAD DE ORO

En la misma jornada temática, tanto promotores como constructores coincidieron en señalar que urge un “pacto político y social” en materia de vivienda y situaron el Plan de Ordenación Urbanística (POUM) de Tarragona como ejemplo de planteamiento que no debería quedar en papel mojado.

El sector privado lamentó que, hasta el momento, no han sido consultados para definir las nuevas reglas de juego y aportar su visión para que el planteamiento de la ciudad sea viable, con porcentajes de VPO que ahora harían totalmente inasumibles algunos de los sectores planteados.

El Ayuntamiento que encabeza Ruben Viñuales presentó su propuesta hará casi un año y, desde entonces, los avances han sido casi nulos, a la espera de tener unos informes preceptivos que se han demorado en calendario. Su aprobación inicial estaba prevista para este primer semestre, pero desde el equipo socialista ya no se descarta dejarlo para más adelante.

Existe consenso entre el resto de los partidos del arco municipal y la sociedad civil en que el POUM es un proyecto trascendental para la ciudad y por ello exigen a alcaldía “valentía” en proponer un plan urbanístico con sectores de crecimiento factibles en su desarrollo, alejados de propuestas de difícil ejecución y que no hacen más que retrasar la aprobación del POUM.

Consideran que el POUM es imprescindible para que Tarragona pueda afrontar los grandes retos en viviendas o equipamientos, así como la pregonada área Metropolitana del Camp de Tarragona y las importantes inversiones anunciadas que también revertirán en la capital. “Es imprescindible y necesario el máximo consenso municipal, alejado de tacticismos políticos y un calendario claro”, recuerdan fuentes empresariales.

Varios partidos han lamentado que no se hayan producido conversaciones formales en relación con el POUM desde hace más de nueve meses, cuando el Ayuntamiento presentó las grandes líneas del proyecto urbanístico a las formaciones. “Nos preocupa la falta de diálogo y la dilación en los tempos”, han asegurado.

Asociaciones patronales y la Cámara de Comercio de Tarragona también han alzado la voz para exigir valentía con el POUM porque es un plan que Tarragona necesita para su crecimiento de futuro. “Es el momento de planificar sectores de crecimiento y políticas de vivienda realistas y factibles de desarrollar, alejadas de populismos que condicionen un crecimiento ordenado y cohesionador que el POUM posibilita”, resumió la presidenta de la Cámara en una tribuna de opinión.