Distintas fuentes consultadas por Servimedia han rechazado esta posibilidad entre estas compañías, que serían las candidatas a un primer proceso de privatización, ntre otras razones, por la falta de tiempo material para preparar un proceso de estas características.

Una OPV, tal como se ha hecho en anteriores privatizaciones, requiere la elaboración de un extenso folleto para la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y toda una compleja operativa de sondeo a los mercados, una fuerte campaña publicitaria y un proceso de solicitudes de compra que, en el mejor de los casos, requeriria un perídod no inferior a las 6 o 7 semanas, lo que llevaría a la última parte e agosto.

Sin embargo, siempre se ha desechado realizar operaciones de esta naturaleza más allá del 6 ó 7 de julio, o antes de la segunda quincena de septiembre, por la falta de pulso que existe entre los inversores bursátiles.

Por otra parte, existen limitaciones impuestas por los directores y aseguradores de estas operaciones en cuanto al plazo mínimo que debe existir entre un tramo de privatización y otro.

En este sentido, hasta agosto no cumple el plazo en el caso de Argentaria, mientrasque en los otros dos casos los plazos son más extensos.

Tampoco es previsible que la privatización a la que se podría referir el ministro de Industria fuera la de Repsol, mediante un proceso de colocación directa entre algunos de los accionistas que actualmente conforman su núcleo duro, concretamente, La Caixa, BBV y Pemex.

Contra la opinión general que se viene creando de que esta podría ser la fórmula, fuentes solventes próximas a Repsol han manifestado a Servimedia que, aunque en el próximo prceso las decisiones las tomará el Gobierno y no cada una de las empresas a privatizar, resulta poco probable que se rompa con lo que ha siudo práctica de los tramos anteriores de colocar las acciones del Estado en Repsol a travé de OPVs.

Las mismas fuentes creen que colocar directamente el paquete del 10% del Estado en Repsol podría generar suspicacias en cuanto a los precios pagados y a los descuentos que se pudieran producir, y empañar la voluntad de transparencia que hasta ahora se ha venido mostrado.