Ambos grupos salen al paso del comunicado difundido previamente por Recoletos, Vocento, "El Mundo", "ABC", "La Razón", Antena 3 TV, Telecinco, Onda Cero, COPE y Punto Radio, en el que mostraban su "preocupación ante la indefinición y el favoritismo demostrado por el Gobierno con respecto a los planes que afectan al futuro del sector en España".

GODO y PRISA evidencian su "preocupación ante las tergiversaciones puestas de manifiesto por algunas empresas españolas e italianas".

"Es obvio que un mayor número de operadores de televisión supondrá un beneficio para los ciudadanos en general y para el sector de la comunicación en particular", dicen PRISA y GODO, que añaden que, "al margen de quienes sean esos nuevos operadores, se verán potenciados el pluralismo informativo y la competencia empresarial", además de beneficiar a anunciantes, productores de cine y programas audiovisuales.

En cuanto a la radio, GODO y PRISA, que se definen como "propietarios respectivamente de Antena 3 Radio y de la Ser", apuntan que las reformas sobre el sector incluidas en la norma aprobada el 4 de febrero por el Gobierno "de ninguna forma" responde a "asuntos pendientes" sobre la sentencia del Tribunal Supremo del año 2000 que anulaba la fusión entre ambas emisoras.

"La sentencia se ha cumplido 'en sus propios términos', como exigía el Tribunal", dicen ambos grupos de comunicación, que recuerdan que las modificaciones sobre el sector radiofónico aprobadas por el Gobierno "responden a una demanda unánime del sector" plasmada en un documento de la Asociación Española de Radio Comercial (AERC) del año 2002.

Entonces, la asociación "urgía al Gobierno y a los distintos grupos parlamentarios a que liberaran 'a la empresas radiofónicas de las trabas administrativas que dificultan su desarrollo' y reiteraba 'su sentir unánime de que el pluralismo en la actividad radiofónica privada, que está suficientemente garantizado en España en su conjunto, quede encomendado a las normas generales de la competencia, sin otras limitaciones de carácter especial'".

GODO y PRISA muestran su "sorpresa ante las manipulaciones informativas realizadas por algunos colegas a este respecto,tendentes a confundir a la opinión pública acerca del alcance real del citado proyecto de Ley y de sus consecuencias para la industria de la comunicación y las libertades de expresión e información".

Ambos grupos "lamentan también la utilización partidista de las empresas del sector por parte de algunos grupos parlamentarios y rechazanlos intentos de convertir la defensa de intereses económicos particulares -por legítimos que sean- en elementos de disensión política y empresarial".