Esta acción forma parte de una campaña internacional contra el Acuerdo General de Comercio de Servicios (AGCS), cuyo objetivo es, según los firmantes, "la privatización de todos los servicios (exceptuando los bancos centrales, la policía, la justicia y el ejército) en todos los países".

"La novedad de este acuerdo", indican los promotores d la campaña, "no estriba en la liberalización y privatización de servicios, sino en que otorga a este proceso un marco institucional, con compromisos formales que se aplican a todos los países de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y a los que deben subordinarse las políticas nacionales y tratados internacionales existentes, sin fijar límites a la extensión y duración del proceso (hasta alcanzar la privatización total) y estableciendo unas normas que lo hacen irreversible en la práctica".

Entrelas organizaciones que promueven la campaña, que defienden que los servicios públicos son un derecho, no un negocio, figuran Acsur-Las Segovias, CGT, Comisión Salud Antiglobalización, Cristianos por el Socialismo, Derechos para Tod@s, Ecologistas en Acción, Espacio Alternativo, CCOO, UGT, Intermón, Sodepaz y STES.