La ley saldrá adelante gracias al acuerdo alcanzado por el Gobierno con ERC y EH Bildu y se remitirá al Senado, para, posteriormente, quedar definitivamente aprobada antes de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo.

La diputada del PP Ana Zurita subrayó su “no rotundo a esta ley, que “no convence a nadie” y “no va a resolver” los problemas de acceso a la vivienda de las personas vulnerables y jóvenes. “¿Creen que esta ley soluciona los problemas de los españoles o los problemas del Gobierno?”, preguntó.

Asimismo, criticó el “daño” que se realizará a personas que “han invertido sus ahorros en una vivienda”, pues “hurtarán sus derechos” con un “robo a mano armada”. La diputada popular señaló que esta ley “sólo favorece a los okupas”. “El derecho a la propiedad no puede ser vulnerado por una aplicación tendenciosa de la función social de la vivienda”, subrayó.

Además, anticipó que muchas cuestiones de la ley van a “caer” con los recursos de inconstitucionalidad de las comunidades autónomas y criticó la “negligencia” del Ejecutivo por no haber construido viviendas en cinco años.

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, señaló que la norma es “tremendamente contraproducente” y provocará un “desplome” de la oferta, precios “disparados”, la “consolidación” del mercado negro y el “deterioro” de la inseguridad jurídica.

Señaló que la norma supone la “consolidación” de EH Bildu como “socio preferente en la dirección del Estado” y calificó a ERC de “pagafantas” por asumir la invasión de competencias de la norma.

Asimismo, indicó que la “desprotección” de los arrendadores” provocará “castings aún más exigentes para los inquilinos”, lo que perjudicará a las personas más vulnerables. Para Espinosa de los Monteros, la norma “bendice” y “blinda la okupación” al tiempo que supone un “ataque feroz” a la propiedad privada.

La portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, señaló que la Ley de Vivienda es una “medida populista y totalmente improvisada” que “no solo soluciona un problema, sino que lo agrava” y apuntó que no se trata de una ley “sino de un anuncio electoral vacío”. Para la diputada, la norma generará reducción de oferta de alquileres, inseguridad jurídica y beneficiará a los ‘okupas’.

“Le aplican el control de precio a familias que tienen un piso en alquiler para pagar la hipoteca y no les dejan actualizar la renta. ¿Creen que van a sacar muchos más pisos al mercado?”, preguntó.

GRUPOS MINORITARIOS

El diputado del PDeCat Ferran Bel anunció el voto negativo de su grupo a la norma tras relatar una serie de artículos que, a su juicio, invaden competencias autonómicas como los fines de las políticas de vivienda o las condiciones para declarar una zona como tensionada. “Es un estado de las autonomías que ustedes respetan”, señaló.

En la misma línea, la diputada de Junts Mariona Illamola indicó que las competencias eran una “línea roja” par su formación y subrayó que la contención de precios puede ser “una medida adecuada en algunos momentos”, pero no una “solución estructural”.

Por otro lado, el portavoz de Más País, que esta ley es un “primer paso” a la que le faltan cuestiones como el control de los alquileres temporales y los pisos turísticos y subrayó que la norma “hay que aprobarla dos veces”, una en el Congreso y otra el 28-M, “comunidad a comunidad y ayuntamiento a ayuntamiento”.

Asimismo, el diputado del BNG, Néstor Rego, confirmó la abstención de los nacionalistas gallegos, señalando que la ley presenta “algunos avances” respecto al texto que salió del Consejo de Ministros pero “se queda corta” en algunos aspectos y “se excede” en sus competencias.

En cambio, la diputada de la CUP, Mireia Vehí, dijo que la ley es un “caballo de Troya” del PSOE que “no corrige” el “acaparamiento” de pisos de los grandes tenedores y “no regula de forma efectiva los alquileres. “Esta ley envía un mensaje de derrota”, dijo la diputada, que anunció que volverán a presentar en el Parlament la norma catalana anulada por el Tribunal Constitucional.

Además, la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, anunció su voto en contra a una norma que calificó como un “disparate”, señalando que, en Canarias, provocará que “toda la gente va a sacar la vivienda del mercado residencia” para ponerla en el mercado de alquiler turístico.

En la misma línea, el exdiputado de UPN, Carlos García Adanero, subrayó que con esta norma “la okupación va a pasar a ser un derecho; la propiedad privada, una anécdota y el alquiler, una operación de riesgo” y criticó que ERC y EH Bildu hayan pasado por alto el “ataque frontal” a las competencias autonómicas.

Por último, el diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, subrayó que la norma recoge “algunos” de sus criterios y reclamó que hace falta más vivienda pública en el medio rural.