El recurso, de 410 folios y con la firma de 100 diputados, encabezados por el presidente del PP, Mariano Rajoy, fue formalizado por los ponentes que trabajaron en la reforma estatutaria en la Comisión Constitucional del Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría y Federico Trillo, y es apoyado de forma unánime por todo el partido, incluido su líder en Cataluña, Josep Piqué.

Fuentes del partido explicaron a los periodistas que el carácter "modélico" de este Estatuto, que requiere una sentencia "modélica del Constitucional", y su repercusión en el desarrollo legislativo del Estado, hacen necesario un pronunciamiento urgente, ya que no ha sido posible paralizar su aplicación con un recurso previo.

"El Tribunal Constitucional está en una encrucijada histórica, tiene la ocasión más importante ante sí para consolidar el modelo autonómico y defender el modelo constitucional, y no permitir excesos del Estatuto que quebrantan gravemente el modelo de Estado", advirtieron.

El partido mayoritario de la oposición considera que el Estatuto que entrará en vigor el próximo día 8 de agosto es de "ínfima calidad" técnica y jurídica, se caracteriza en muchos de sus preceptos por la "oscuridad y la ambigüedad", y da pie a interpretaciones "contradictorias".

En cuanto al contenido del recurso, tiene como objetivo impugnar ejes básicos en los que se sustenta el Estatuto de Cataluña, empezando por el preámbulo y su conexión con el artículo primero, para dejar claro que "no hay más nación que la española", está "indisolublemente ligada a la soberanía, y es fundamento de la Constitución misma".

El segundo bloque se refiere al título de derechos y deberes, que quebranta el principio de igualdad y supone un "intervencionismo en la vida económica y social catalana que la Constitución no permite". Un apartado especial requiere la regulación de los medios de comunicación, especialmente el Consejo Audiovisual.

ESTADO "RESIDUAL"

En tercer lugar, el PP rechaza la configuración de "un poder judicial propio", que rompe la unidad de la justicia tanto en lo jurisdiccional como en lo orgánico, por lo que pide que se impugne la regulación del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que deja al Supremo como un órgano "residual", sólo para unificar doctrina, y del Consejo de Justicia de Cataluña.

En cuanto a las competencias, resaltan que el Estatuto "delimita las competencias que le quedan al Estado" y acota su capacidad de aprobar leyes de base, lo que crea graves "asimetrías". En concreto, recurre la competencia en colegios profesionales, comercio, consultas populares, educación, inmigración, infraestructuras, juego, medios de comunicación notarías, obras públicas, turismo y universidades.

Un quinto apartado del recurso se opone al principio de bilateralidad en las relaciones entre la Generalitat y el Estado, con la que se genera un "modelo inviable", que condena al Estado a ser "residual" si las 17 comunidades autónomas se apuntan a esta concepción confederal, aunque lo más grave, explicaron estas fuentes, es que Cataluña quiere una situación de "privilegio" respecto al resto.

Por otro lado, en cuanto a las relaciones internacionales, el PP insiste en que el único sujeto de derecho internacional es el Estado, y finalmente, sobre la financiación, estas fuentes reiteraron que sólo la multilateralidad consagra el principio de solidaridad que debe reguir el sistema.

Con todo, estas fuentes resaltaron que "lo deseable" sería que, respetando los plazos y los procedimientos, el Constitucional dictaminase antes de que termine el mandato del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para que "cada uno sepa a qué atenerse" en las próximas elecciones generales, tanto los partidos como los ciudadanos.

ENVIADO A GUERRA

Por último, avanzaron que esta misma tarde remitirán el recurso al presidente de la Comisión Constitucional, Alfonso Guerra, partícipe de la tramitación de un Estatuto que ha sido elaborado en términos "nacionalistas", primero por el PSC y sus socios ERC e ICV y, posteriormente, por el acuerdo con CiU.

El secretario general del PP, Ángel Acebes, se mostró convencido, en una rueda de prensa tras la reunión de la dirección, de que el recurso "será admitido a trámite y prosperará" en los términos en los que ha sido redactado por su partido.

Explicó que el PP pretende "dar seguridad a los 44 millones de españoles" frente a un texto que, incluso sus propios promotores, asumen que ha sido fuente de problemas, "de inseguridad y de agravios", con el fin de que "los daños se conviertan en irreparables".

La sentencia del Constitucional ha de ser, concluyó Acebes, "una garantía para el futuro de la Constitución española", y para que los cambios que afectan a todos sean decididos por todos, "no por iniciativa de tres aventureros".