El ministro de Industria, José Montilla, subrayó que la nueva norma "no introduce un nuevo sistema de autorización", sino que "se limita a ampliar su ámbito subjetivo" al incorporar al proceso de autorización las empresas adquirientes de compañías energéticas españolas que no tengan actividades reguladas y las extranjeras.

Montilla defendió el real decreto ley, en última instancia, por la necesidad de preservar "la seguridad pública y, en particular, la seguridad y calidad del suministro".

El ministro emplazó al PP a responder al decreto del Gobierno "con algo más que lo que ha hecho anteriormente, comentarios superficiales, poco solventes, algunos chistes baratos y varias mentiras y falsedades".

FALTA DE ESCRÚPULOS

El portavoz del Grupo Popular, Miguel Arias Cañete, acusó al Gobierno de "falta absoluta de escrúpulos" al cambiar las atribuciones de la CNE en "su obsesión por impulsar a toda costa que se consume la operación de compra a bajo precio de Endesa por Gas Natural".

El PP calificó la norma de "disparate jurídico", no preparado por técnicos y con el necesario sosiego, sino por políticos como el secretario general de Energía, Antonio Fernández Segura, y el asesor económico de Presidencia del Gobierno, Miguel Sebastián.

Arias Cañete argumentó que el texto del real decreto ley no justifica la urgencia de la reforma de la Función 14 de la CNE, que amplía el control de la Comisión en la compra de empresas reguladas, y aseguró que restringe el derecho fundamental a la libertad de empresa, así como el Tratado de las Comunidades Europeas en varios de sus artículos, como por ejemplo el referido a la libertad de movimiento de capitales. Por todo ello, el portavoz del PP anunció que recurrirán la norma ante el Tribunal Constitucional.

Los demás grupos apoyaron al Gobierno por considerar que el sector energético es estratégico y tiene una dimensión más nacional que comunitaria, como lo demuestran las actuaciones de los restantes gobiernos europeos en defensa de sus compañías nacionales.

En ese sentido se pronunciaron los portavoces de IU-IC, Gaspar Llamazares; de ERC, Joan Puigcercós, y CiU, Josep Sánchez Llibre, para que la Península Ibérica no caiga en manos de multinacionales extranjeras, con lo que ello representaría en materia de seguridad del suministro energético.