Esta es una de las conclusiones de la primera jornada de trabajo de la Conferencia de Política Económica y Social que el PP celebra en Madrid hasta el viernes.

En rueda de prensa, Josep Piqué, ex ministro de Industria, que moderó una mesa redonda sobre competitividad, y Miguel Arias Cañete, secretario ejecutivo de Economía y Empleo del PP, presentaron las conclusiones de la primera jornada.

Piqué apuntó que es "letal" el que haya "17 regulaciones diferentes para muchos temas" que obligan a las empresas a "adaptarse en función de los territorios", lo cual va "contra la competitividad y lo que necesita el país".

Tras defender su vocación autonomista, Piqué resaltó que no se puede primar "el autogobierno y la mera voluntad de diferenciarse" sobre el interés general y la competitividad.

Hay que "ser coherentes" con lo que se está haciendo en la UE, con medidas para la "homogeneización y la simplificación" de la legislación, mientras que en España ocurre el "fenómeno contrario".

Admitió que esa diferencia de legislación es algo que permite la Constitución, "pero va contra el interés general", por lo que deben implementarse mecanismos de cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas y generar un "clima social y político" que haga que a las regiones les interese más potenciar a sus empresas que el ejercicio del autogobierno, como ha sucedido, a su juicio, en los dos últimos años y medio.

Entre esos mecanismos, Arias Cañete citó la creación de un consejo en el que estuviesen representados la Administración central y las regionales, al que tuvieran acceso los agentes económicos y sociales.

Dicho consejo, no como las conferencias sectoriales, sino algo "más potente", que tendría carácter permanente, a través de una Secretaría, desde donde se estudiaran las "diferenciaciones" en la legislación y se fomentara, desde el diálogo y el acuerdo, la "resolución de conflictos". Así se ha hecho en Canadá, agregó, y aunque en España pueda ser "más complejo, podemos llegar a un sistema".

Este organismo, cuya creación propondrá el PP, se encargaría de analizar el funcionamiento de la legislación sobre economía y en los diferentes sectores, para "proponer soluciones pactadas entre todos que eviten disfunciones que lastren la competitividad de las empresas".

EDUCACIÓN

En materia de competitividad, otro de los puntos en el que se centraron los debates de la conferencia del PP fue el relacionado con la educación, que es "deficiente" en todas sus etapas, según Piqué, por lo que soluciones en esta materia conformarán "un punto central del programa electoral" del PP en las próximas elecciones generales.

Además, se deben eliminar o corregir los obstáculos que frenan "el libre desarrollo" y la "normal actividad empresarial". Asimismo, el PP aboga por una mayor simplificación de los trámites con la Administración, preservar la unidad de mercado, contar con una normativa más transparente y con una Justicia "rápida" y "ágil".

Otros ejes de las propuestas del PP pasan por acelerar los trámites de contratación en origen de los inmigrantes, para que no pasen meses entre que se produce la petición de una empresa y llega la respuesta de la Administración, muchas veces, apuntó, cuando ya no hace falta la mano de obra.

La necesidad de proseguir en las reformas estructurales en energía, telecomunicaciones, gestión del agua o sistema judicial, además de preservar la "estabilidad política" son otros de los postulados asumidos por el PP de los debates celebrados hoy.

AGRICULTURA

La agricultura centró la primera de las mesas de debate de la conferencia, y de la misma se sacaron varias conclusiones, comenzado por la conveniencia de volver al Plan Hidrológico Nacional aprobado por el PP, trasvase del Ebro incluido, y acometer un segundo Plan Nacional de Regadíos con el horizonte del año 2015 para modernizar el millón de hectáreas que aún presentan sistemas deficientes con "grandes pérdidas".

La reforma de la Política Agraria Común, que se hará en la UE en 2009 o en 2013, llevan al PP a reclamar al Gobierno que fije ya una posición para el mantenimiento de la PAC y busque alianzas entre socios europeos con intereses similares. España es el segundo país que más ayudas recibe en la actualidad y, de perderse la PAC, su aportación al presupuesto de la UE crecería de forma notable.

Rejuvenecer las plantillas agrarias con personas jóvenes y bien formadas, introducir tecnología que mejore la competitividad y fomentar políticas agrarias de índole nacional y autonómica son otras de las iniciativas del PP en esta materia.