El recurso del PP se basa en dos argumentos. El primero de ellos defiende que el delito fiscal, que se condenó en la sentencia, se produjo en 2007, estaría prescrito, mientras que el segundo se centra en argumentar que la única beneficiada del pago en negro de las obras fue Unifica.

Al PP no le ha quedado más remedio que pedir la absolución de su extesorero para justificar su petición, puesto de la actuación de Bárcenas no se puede desligar de la responsabilidad como partícipe a título lucrativo del partido al que representaba en el momento de realizarse las obras.

La Audiencia Nacional condenó el pasado mes de octubre al PP por ahorrarse 123.669 euros de impuestos en el pago de las obras de su sede que realizó Unifica. Según el abogado del PP, Jesús Santos, el delito fiscal que se le atribuye al partido ya estaría prescrito desde el año 2013.

Además, el recurso admite que se produjeron los pagos en B y explica que se produjeron en virtud de un acuerdo entre Bárcenas y el arquitecto Gonzalo Urquijo, tras el cual “uno de los concertados decidió utilizar el pago en B para defraudar al fisco sin que el otro (Bárcenas) hubiera tenido intervención alguna en esa concreta conducta".

Esgrime el partido Popular que no tuvo ningún “ahorro de coste” en el pago de esas obras puesto que al no quedar registro de esos abonos no pudo descontarse el gasto en el Impuesto sobre Sociedades ni imputar ahorro fiscal alguno. Y atribuye a Unifica los beneficios de ese pago en dinero negro y la decisión de ocultarlos al fisco.

La sentencia que condenó al PP estableció que el partido no ejerció el control necesario sobre la actuación de su tesorero y resalta que la revisión hecha de su gestión se realizó mucho después de que se produjeran los hechos juzgados.