La proposición del PP propone modificar el Estatuto de la Víctima de manera que los delegados o subdelegados del Gobierno puedan suspender la realización de reuniones o manifestaciones cuando se organicen para recibir y rendir homenaje al autor de un delito, “dado que pueden suponer para la víctima signos de posible represalia o intimidación y de una victimización secundaria y de daños psíquicos, así como ser causa de agresión a su dignidad”.

Además, el PP plantea que la Fiscalía actúe contra los organizadores de los ‘ongi etorri’ o actos similares cuando fueran constitutivos de delito. También se habla de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana para que, si la autoridad gubernativa suspende una reunión o manifestación, los ayuntamientos tengan prohibido facilitar la celebración de la misma. Según la propuesta del PP, “las autoridades o funcionarios del ayuntamiento que fueran responsables del incumplimiento de dicha obligación cometerán una infracción muy grave”.

Respecto a los acercamientos de presos etarras, el PP pide modificar la Ley Orgánica General Penitenciaria para que la clasificación o progresión al tercer grado de tratamiento penitenciario de personas condenadas por delitos de terrorismo tenga que acreditarse, mediante informes de la Audiencia Nacional, de la fiscalía adscrita y los informes técnicos, que el preso está realmente desvinculado de la organización terrorista y del entorno, y de actividades de asociaciones y colectivos ilegales que la rodean.

VÍCTIMAS "HUMILLADAS"

En base a esta proposición, también deberá acreditarse su colaboración con las autoridades, especialmente en el esclarecimiento de los más de 370 crímenes de ETA que todavía están por resolver. El PP sostiene que “desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno y Fernando Grande-Marlaska al Ministerio del Interior se ha acercado a la mayoría de los presos etarras, en muchos casos sin arrepentimiento ni colaboración con la Justicia y en base a una carta tipo y sin el informe favorable de la Junta de Tratamiento Penitenciario”.

La proposición de ley presentada por el PP recuerda que el Parlamento Europeo aprobó a finales de 2020 un informe sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea en el que se exigió a las autoridades españolas que se tomasen las medidas necesarias para evitar que las víctimas del terrorismo fueran “humilladas por actos como los homenajes a etarras”, de manera que se proporcionaran las salvaguardas pertinentes para evitar “una victimización posterior derivada de humillaciones y ataques a la imagen de las víctimas por parte de sectores sociales relacionados con el agresor”.

La formación que lidera Pablo Casado defenderá esta proposición de ley en el Congreso de los Diputados tras denunciar en los últimos días “la utilización” por parte del Gobierno de la política penitenciaria “para afianzar alianzas que le permitan seguir en el Palacio de La Moncloa” a Sánchez con “el trato de favor a presos etarras”.