Así lo anunció hoy la portavoz de Medio Ambiente del Partido Popular, María Teresa de Lara, mediante un comunicado de prensa.

De Lara se refiere así a las informaciones que, según explica, han aparecido estos últimos días en los medios de comunicación sobre "la imposición del Gobierno socialista a las empresas concesionarias de las desaladoras para financiar las campañas publicitarias sobre las distintas infraestructuras que realizan".

Según la diputada del PP, se trata de "un impuesto revolucionario con el que Cristina Narbona grava a las empresas adjudicatarias para financiar las campañas de publicidad y promocionar la desalación".

"Además de los 1.000 millones que se ha gastado el Gobierno en campañas publicitarias, ahora el procedimiento que han encontrado es obligar a ciertas empresas a las que se les han adjudicado desaladoras a pagar las propias campañas", añadió de Lara.

Finalmente, critica que "se están pagando campañas para promocionar el agua desalada cuando se ha demostrado que el programa AGUA del Ministerio de Medio Ambiente ha sido un autentico fracaso porque sólo una de las 22 desaladoras es una realidad".