Así lo expresó el vicesecretario de Institucional, Esteban González Pons, en la rueda de prensa posterior al Comité de Dirección del PP, donde resumió los siete principios y las tres propuestas que los populares ponen encima de la mesa para renovar el CGPJ.

El documento -bautizado como ‘Pacto para reforzar la independencia judicial y calidad democrática’- se presenta a apenas dos días de que venza el plazo comprometido con el Gobierno y en la víspera del Debate sobre el estado de la Nación.

Entre las medidas de dicho texto -que, según los populares, emanan de las asociaciones de jueces y fiscales–, el PP pide apostar por “perfiles de mayor prestigio y los menos vinculados a partidos políticos” para la renovación del CGPJ, que la elección del presidente de este órgano se haga “sin pactos previos ni indicación de cualquier tipo”, regular las “puertas giratorias” en la Justicia y, por último, que el órgano de gobierno de los jueces proponga una reforma del modelo de elección de los vocales en un plazo de seis meses desde su futura renovación.

“Es un pacto en el que las dos partes cederán. La situación durante estos tres años ha alcanzado tal grado de deterioro que, si ahora simplemente se cambiaran los vocales con un pacto secreto entre el PP y el PSOE, se produciría renovación, pero la independencia de los órganos judiciales quedaría todavía más cuestionada”, reflexionó González Pons.

RETIRADA

No obstante, la propuesta cuenta con una “línea roja” que se ve reflejada en el segundo de sus principios, que dice que “la reforma que impide al CGPJ hacer nombramientos cuando está en funciones debe derogarse íntegramente y no sólo en lo que respecta al TC”.

Es decir, que la proposición de ley que este jueves se votará en el Congreso de los Diputados no sólo devuelva las competencias de elección de magistrados en lo que referido al Constitucional, sino también al Tribunal Supremo, los tribunales superiores de justicia, la Audiencia Nacional y las audiencias provinciales; o bien sea retirada.

“¿Condiciones innegociables? Si hiciéramos eso no hablaríamos de pactos”, arrancó González Pons para poco después fijar su exigencia. “Sólo hay una línea roja, el Gobierno no puede aprobar el jueves unilateralmente una reforma de la Ley Orgánica del CGPJ para entrar a la fuerza en el Tribunal Constitucional de la mano de ERC. ¿Qué ocurrirá si el Gobierno lo hace? Pues no lo sé. No lo sé. Sólo le digo que espero que no lo haga. Creemos que el Gobierno va a ser lo absolutamente sensato para saber que esa línea roja no la puede cruzar”, declaró.

En este sentido, el eurodiputado popular recordó que este miércoles la Comisión Europea publicará su informe sobre el Estado de derecho en España y que es “casi seguro” que censure la situación actual del CGPJ. Ante esta hipotética reprimenda, ve inconcebible que “en la misma semana” que el Gobierno aprueba “una ley Bildu –Ley de Memoria Democrática–, vaya a aprobar también una ley ERC –la reforma de las competencias del CGPJ–“.

“Por eso, creo que el Gobierno, después de conocer nuestra propuesta de hoy, retirará el proyecto de reforma de la Ley Orgánica del CGPJ”, añadió González Pons, unos segundos antes de avanzar que las negociaciones con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, han sido “fluidas”. De hecho, fuentes populares confirman que el último contacto se estableció ayer por la noche y que incluso se reunieron en persona durante la última semana.

Asimismo, dejan abierta la posibilidad de continuar las conversaciones en el caso de que los socialistas no hagan un cambio de rumbo de 180 grados. Insisten en que la retirada de la proposición de ley es “una línea roja”, pero reconocen que no se pueden ir “a su casa” en el caso de que el PSOE la sobrepase porque eso “no sería una negociación”.

NOMBRES

Sea como sea, González Pons apeló al Gobierno a reunirse “esta misma tarde” y empezar a pactar la retirada de la propuesta de ley presentada por el PSOE en la Cámara Baja, así como la renovación del CGPJ.

Según el documento trasladado por el PP, la elección de los nuevos vocales del órgano de gobierno de los jueces “debe hacerse con absoluta transparencia y por los órganos constitucionales a los que corresponde”, es decir, el Congreso y el Senado; y debe estar “abierta al resto de fuerzas parlamentarias”, a las que González Pons invita a hacer sus “aportaciones”.

Respecto a la forma de la renovación de vocales, el vicesecretario popular advirtió de que “los nombres deben ser lo último” de la negociación, aunque el pacto confeccionado por el PP señala el camino a recorrer en esta dirección. En primer lugar, dice que “la próxima renovación tendrá presente la necesaria regeneración” y, por ello, “se preferirán los perfiles de mayor prestigio y los menos vinculados a partidos políticos”.

Todo ello, “respetándose los turnos establecidos en la Constitución: doce vocales procedentes de la carrera judicial y ocho vocales juristas, sin que quepa introducir por este último cupo a integrantes de la carrera judicial en ejercicio”. Además, los populares ponen como condición que los magistrados que resulten elegidos respondan “al espíritu de regeneración democrática y reforma que inspira el presente compromiso”.

Con estos mimbres, el PP quiere que, una vez designados los nuevos vocales del CGPJ, sean ellos los que elijan al presidente del órgano, “sin pactos previos ni indicación de cualquier tipo”.

REFORMA

En paralelo a la renovación –que se realizará con los términos que recoge la actual legislación– el PP quiere tramitar una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial “que asegure un cambio del modelo de elección del CGPJ de consenso, que impida que la presente situación de deterioro vuelva a producirse y que logre despolitizar el gobierno de la Justicia”.

González Pons pidió así encargar una propuesta de reforma al nuevo CGPJ y crear una ponencia en el seno de la Comisión de Justicia en el Congreso de los Diputados para emitir “un informe al respecto”, “ambos en un plazo improrrogable de seis meses”.

Más allá de estas propuestas, los populares quieren presentar una proposición de ley por el procedimiento de urgencia junto a los grupos parlamentarios que “apoyen este espíritu de despolitización de la Justicia”, que recoja una “regulación de las puertas giratorias” tanto en el órgano de gobierno de los jueces como en la Fiscalía General del Estado, además de la “derogación de la reforma que impide al CGPJ tomar casi cualquier decisión estando en funciones.

“PUERTAS GIRATORIAS”

En concreto, el PP propone que los jueces y magistrados que sean nombrados para cargos “de elección política o de gobierno con rango superior al de director general” no podrán reingresar al servicio activo hasta transcurridos dos años a partir del cese en los referidos cargos.

El partido liderado por Alberto Núñez Feijóo quiere también prohibir el nombramiento como vocales de CGPJ de aquellos perfiles que hayan desempeñado cargos vinculados a la política en los cinco años inmediatamente anteriores, además de “establecer nuevamente” la Comisión de Calificación “con la finalidad de recabar información de los candidatos a puestos discrecionales, al objeto de motivar justificadamente los nombramientos”.

La proposición de ley recogerá que “todos los altos cargos de la carrera judicial pasarán a ser nombrados por mayoría de tres quintos” dentro del CGPJ y que se exigirá una antigüedad de 25 años de servicio activo en la carrera judicial para poder ser magistrado del Tribunal Supremo “sin que pueda computarse a estos efectos los años de servicios especiales de cualquier tipo”.

Por último, para garantizar “la independencia” de la Fiscalía General del Estado, el PP proponer recoger “expresamente” la posible recusación del fiscal general del Estado y establecer que “no podrán ejercer esta función quienes hayan desempeñado cargos políticos en los cinco años anteriores”.