En declaraciones a los medios en el marco de la manifestación contra la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, González Pons dijo que “no sabemos todavía cómo el PSOE se enteró de que se estaba tramitando este sumario secreto y pudo reaccionar antes de que la opinión pública tuviera la más mínima noticia” al respecto.

A su juicio, resulta “incomprensible que la Fiscalía pida prisión para el general de la Guardia Civil implicado, pero no para el político implicado”. “Parece como si hubiera habido una instrucción para evitar que el ‘Tito Berni’ cante”, enjuició el vicesecretario de Institucional del PP.

Igualmente, tildó de “extraña” y hasta “sospechosa” la “oposición de la Fiscalía General del Estado a que se registre” el despacho del exdiputado socialista en el Congreso de los Diputados. En la misma línea, tachó de “incompresible que la presidenta del Congreso se haya opuesto”.

En lo que rodea al ‘caso Mediador’, según González Pons, algún día “habrá que investigar la acción que la Fiscalía ha adoptado a favor del Gobierno y del PSOE”.

‘CASO KITCHEN’

En cuanto al ‘caso Kitchen’, que salpica al PP, fue preguntado por la decisión de Izquierda Unida y de Catalunya en Comú de querellarse contra el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, por revelación de secretos al haber presuntamente “asesorado” al exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez cuando el sumario de este caso todavía estaba bajo secreto y él estaba imputado.

“Creo que todo lo que tenga que ventilarse, debe hacerse”, respondió González Pons, para quien “a los asuntos, por antiguos que sean, siempre les llega su hora judicial”.

Además, tras anunciar el diputado del PP Alberto Casero su decisión de renunciar al acta de diputado y pedir la suspensión de militancia del partido el vicesecretario de Institucional consideró que “ha hecho lo que tenía que hacer”.

Casero comunicó que renunciaba al acta de diputado “para evitar cualquier daño que su situación” pudiera producir en el PP. Ayer, el magistrado del Tribunal Supremo Andrés Palomo Del Arco dictó un auto en el que procede contra Casero por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos en relación con cinco contratos de servicios, patrocinio o convenios firmados cuando era alcalde de Trujillo (Cáceres) en 2017 y 2018, sin sujetarse a los procedimientos administrativos legalmente establecidos.