La Cámara Baja debatió hoy una enmienda del PP al proyecto de Ley del Gobierno sobre prevención del blanqueo de dinero, en la que el portavoz popular, José Manuel Otero Novas descalificó la propuesta gubernamental acusando al Ejeutivo de introducir en la futura normativa su "vena socialista y totalitaria", con medidas como la creación de un servicio de investigación que definió de "superpolicía" y "gestapo financiera".

Las acusaciones del PP llegaron aún más lejos cuando señaló que existen aspectos del proyecto de ley que transgreden los derechos fundamentales de los ciudadanos al permitir que se investiguen las operaciones financieras de los ciudadanos españoles sin darles cuenta de lo que se está haciendo con su patrimonio,y dijo que una medida así supone "resucitar los tribunales de la Inquisición".

Además, advirtió que el Gobierno "engaña a las entidades financieras" cuando les dice que si comunican a las autoridades los indicios de blanqueo que puedan descubrir estarán exentos de responsabilidades criminales y penales por haber incurrido en la intimidad de algunos ciudadanos.

Otero Novas concluyó su intervención resumiendo el proyecto legislativo del Gobierno sobre prevención del blanqueo de dinero como "la versón financiera de la patada en la puerta de la Ley Corcuera", que "permitirá al señor Solchaga actuar como un dictador policiaco".

Por parte socialista, el diputado Carlos López Riaño respondió a Otero Novas con acusaciones veladas de responder a intereses ocultos transgrediendo uno de los pocos consensos parlamentarios que se logran en la cámara, y recordó que una actitud similar adoptó el PP cuando se propuso endurecer las medidas legales de lucha contra el terrorismo.

El respresentante socialisa advirtió que ese servicio de investigación que el PP llama "gestapo financiera" está recogido en la directiva comunitaria sobre esta materia que el Gobierno desea introducir en España con esta ley, y que ha sido aprobada por los "doce" con el apoyo de todas las fuerzas políticas europeas, incluida la democrata cristiana en la que se inscribe el Partido Popular.

López Riaño calificó la posición del PP sobre este proyecto de ley como un "error político" y "verdaderamente impresentable", al tratarse deuna iniciativa que el resto de fuerzas políticas de la Cámara Baja respaldan, aunque con intención de mejorarlo mediante enmiendas.

EL PP AISLADO

El resto de partidos del Congreso no quedaron pasivos ante las palabras del representante popular. El portavoz de Izquierda Unida, Ramón Espasa, calificó las palabras de Otero Novas de "barbaridades antidemocráticas", y aunque dijo que el proyecto del Gobierno es "tímido", resulta "gallinaceo" y "metecato" decir que los problemas de la droga, el narcotráfio y el "dinero negro" es la responsabilidad exclusiva de un Gobierno.

Espasa señaló que el proyecto "se queda cojo" al no añadir al proyecto de ley supuestos que la directiva comunitaria en la que se inspira le permite, como es el caso del "dinero negro", el dinero, dijo, que se oculta de Hacienda y que "es dinero antidemocrático".

Por su parte, el protavoz del Grupo Catalán, Francesc Homs, dijo que su partido tenían intención de votar en contra de la propuesta alternativa del PP, pero que despué de oir la exposición de su portavoz lo hará "con satisfacción". El diputado Santos Miñón, del CDS, tambiém voto a favor de la propuesta del Ejecutivo y anunció que lo intentará modificar para que la futura normativa persiga también otros delitos de contrabando.

El proyecto de ley, presentado por el ministro de Economía, Carlos Solchaga, permitirá la creación de una Comisión de Control y un servicio de investigación que esté en constante contacto con las entidades financieras para prevenir operacionesde blanqueo de capitales.

Las entidades que deberán colaborar con el nuevo sistema de control serán todas las financieras, las aseguradoras, la firmas cambiarias de moneda, los casinos y las destinadas a la compra y venta de inmuebles, aunque el proyecto legislativo deja la puerta abierta a introducir nuevas actividades que sean susceptibles de ser utilizadas en operaciones de blanqueo.