Ramírez presentó en rueda de prensa las 109 enmiendas que el Grupo Popular ha interpuesto contra la partida destinada al Ministerio de Agricultura en el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para 1992.

En su opinión, si se descuena de ese presupuesto el dinero que la Comunidad Europea (CE) destina todos los años a la agricultura española, a través de los fondos FEOGA, resulta que el Estado invierte cada vez menos en este sector de la economía: 237.589 millones el próximo año, por 240.583 millones en 1991 y 277.370 en 1990.

Para romper esta tendencia a la baja, el PP considera "urgente" que el departamento que dirige el ministro Pedro Solbes aplique medidas como las propuestas en las 109 enmiendas presentadas, que conllevarían n incremento inversor de 77.000 millones de pesetas sobre esos 237.589 previstos por el Gobierno.

Este dinero, explicó Miguel Ramírez, puede obtenerse de eliminar esos 16.030 millones de gasto "supérfluo" y sumarlos a la venta de cuatro empresas que, según el PP, están infrautilizadas o sus objetivos no se corresponden con los de una administración pública: La Almoraima, TRAGSA, MERCASA y el grupo MERCO.

MENOS GASTO DE PERSONAL

Ramírez puso como ejemplo de gasto innecesario que el PP propone elminar el incremento en 3.343 millones de pesetas del capítulo de gastos de personal t el "dineral" (2.696 millones de pesetas) dedicados a encargar estudios a empresas privadas "mientras tienen a los funcionarios mano sobre mano".

Respecto a esto último, el portavoz del PP en la Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados afirmó que el SENPA, tiene previsto comprar otros 100 ordenadores en 1992, con lo que ya tendrá 250, aseguró, "para una plantilla de 400 funcionarios". "Hay hasta cuatro orenadores en algunos despachos", añadió.

Por otro lado, Miguel Ramírez manifestó que la finca La Almoraima, un latifundio gaditano de 18.000 hectáreas, que era propiedad de Rumasa y luego fue integrado en el patrimonio de ICONA, debe ser vendida.

Ramírez considera inadmisible que una finca que se utiliza "para cazar" obtenga 120 millones de dinero público, como está previsto en el proyecto de ley de Presupuestos, mientras descienden las inversiones del departamento. "Si es una finca con alto valorcinegético, que se declare parque natural", matizó, "pero es que ahora nos encontramos con que una sociedad anónima está financiada con fondos del Estado".

Además, el PP cree que MERCASA, otra firma del ministerio, también debe ser vendida porque se dedica a "especular" con terrenos, algo que no entra dentro de los objetivos que deben guiar a una empresa pública, comentó el diputado conservador.

SUBSIDIOS, NO INVERSION

El principal partido de la oposición estima que el PSOE se propone, con el pesupuesto que ha presentado al Congreso para el Ministerio de Agricultura, mantener los subsidios agrarios en vez de invertir ese dinero para convertir terrenos de secano en regadío, promover concentraciones parcelarias o construir caminos vecinales, "que es como se acercará nuestra agricultura a Europa", dijo hoy Ramírez.

El PP basa esta apreciación en las palabras pronunciadas por el presidente del Instituto de Desarrollo y Reforma Agraria, que en su última comparecencia reconoció que el Gobierno haoptado por una política de subsidios y no inversión, según leyó el portavoz del PP del diario de sesiones durante la rueda de prensa.

"Nosotros no nos vamos a hacer copartícipes de esta política electoralista del Gobierno del PSOE", concluyó.