Los agentes han podido determinar la presunta participación delictiva de 13 personas, 10 de ellos detenidos y tres investigados por delitos contra la Seguridad Social y frustración de la ejecución. Además, se pudo determinar que el perjuicio económico total causado a la Tesorería de la Seguridad Social por los entramados asciende a 1.394.716 euros.

Según informó la Policía, las investigaciones comenzaron en mayo, tras recibirse denuncia de la Tesorería General de la Seguridad Social en la que se requería la actuación policial ante varias irregularidades por parte de los administradores de distintas empresas con el fin de eludir sus obligaciones de pago con la Seguridad Social.

Los empresarios de las sociedades investigadas no abonaban sus propios seguros sociales ni los de sus trabajadores, incrementando así el margen de beneficio en la actividad mercantil y el consiguiente perjuicio a la Tesorería General de la Seguridad Social, así como la competencia desleal con empresas de su mismo sector.

En el análisis patrimonial de las empresas y sus administradores se comprobó que en todos los casos se pretendía eludir el pago de la deuda y frustrar las aspiraciones de cobro de la Tesorería, creando grupos y sucesiones empresariales que ocultaban los beneficios y bienes de las sociedades investigadas.

EMPRESAS

En todas las líneas de investigación se observó un hecho común que consistía en la creación sucesiva de empresas con la misma actividad dentro del objeto social investigado, dirigidas, gestionadas y administradas por las mismas personas, que cuando generan deudas con la Seguridad Social por el impago de las cuotas obreras de sus trabajadores se dan de baja, y seguidamente constituyen una nueva con las mismas características y así poder seguir operando en el mercado laboral y evitar posibles embargos por parte de sus acreedores.

De las investigaciones llevadas a cabo, la Policía Nacional hace énfasis en dos de ellas en las que se observó un mismo elemento en común, ya que en ambas las personas investigadas fueron condenadas por la Audiencia Provincial de Las Palmas por hechos parecidos, pero, a pesar de ello, continuaron generando importantes deudas a la Seguridad Social por importes cercanos al millón de euros.

Durante la investigación se detectaron los mismos hechos con un entramado empresarial de más de ocho sociedades dedicadas a dar asistencia a servicios auxiliares, las cuales igualmente se han ido sucediendo en el tiempo y colocando en las mismas a diferentes personas físicas al objeto de dificultar cualquier procedimiento de embargo.

Asimismo, los líderes cuando detectaban que la deuda de alguna de sus sociedades se acercaba a los 50.000 euros procedían a darla de baja y comenzaban a operar con otra nueva evidenciando un claro uso instrumental de la persona jurídica, fraccionando la deuda para no llegar a la cantidad exigida en el Código Penal.