Así lo trasladó Sánchez Serna durante una rueda de prensa en la Cámara Baja, donde defendió que este nuevo impuesto “obligaría a que las grandes empresas de nuestro país contribuyan más en un momento de bonanza, que contribuyan más justamente a las redes de los cuidados, a las redes del bienestar social y de la seguridad que sostienen al país cuando viene mal dadas”.

Recordó que en 2024 estas grandes empresas acumularon beneficios extraordinarios por valor de 50.000 millones de euros y se repartieron hasta 40.000 millones en dividendos para sus accionistas, lo que, según apuntó el portavoz “supondría el 2,5% del PIB” y señaló que se estima que estos beneficios extraordinarios en 2025 “podrían llegar a 65.000 millones de beneficio”.

Lamentó que pese a que “haya quien en el gobierno se enorgullezca de estos datos, saque pecho y nos diga que las cifras macro son inmejorables y que la economía española va como un cohete”, “lo cierto es que a ese cohete solo se están subiendo los capitalistas, mientras la mayoría de la población pues no tiene pase para que ese cohete la lleve muy lejos”.

Así, subrayó que la presión fiscal sobre las rentas del capital en España “sigue muy lejos de la media europea, 11 puntos por debajo”, por lo que pidió “un mayor esfuerzo por redistribuir la renta y lograr una mayor justicia fiscal”.

Defendió, dirigiéndose al PSOE, que estas “son las medidas fiscales que esperaría una mayoría progresista” y le reprochó que se obligue “a cientos de miles de personas que van a cobrar el salario mínimo a que por primera vez tengan que pagar el IRPF”.