Así lo aseguró el portavoz de la Ejecutiva de Podemos, Pablo Fernández, en una rueda de prensa en la sede en la que garantizó que, en virtud de esa propuesta, si una empresa como Ferrovial “ha recibido subvenciones, tendría que devolver ese dinero” si traslada su sede en los 10 años siguientes a percibirlo.

En su opinión, “la retroactividad es perfectamente posible”, porque “es una ley administrativa”, no penal, y por tanto sólo cuestión de “voluntad política”. “Cualquier partido que se considere patriota debería apoyar esta propuesta”, sentenció Fernández, quien calificó de “inaceptable y del todo antipatriótica” la decisión de Ferrovial, que “no sería nada” sin el dinero de los españoles, puesto que recibió numerosos contratos públicos y se acogió a los ERTE.