En un texto de 10 páginas, el PNV denuncia que la “obvia finalidad” del proyecto de Ley consiste en “condicionar, dirigir y controlar las funciones legislativas y, fundamentalmente, las ejecutivas sobre las que el Estado no tiene competencia”, como la protección de la familia, la educación, la sanidad, las tecnologías de la información o la vivienda.

“El proyecto de ley dispara los títulos competenciales de los que el Estado ha hecho uso para su dictado”, afirma el Grupo Vasco, puntualizando que los únicos preceptos de “indubitada” competencia estatal son los relativos a la regulación laboral.

Es más, el Grupo Vasco señala que las medidas previstas en el texto normativo “son de carácter absolutamente transversal, desbordando ampliamente la Directiva UE 2019/1158 (relativa a la conciliación de la vida familiar y profesional)”.

En detalle, el PNV interpreta que la ley da “una serie de instrucciones” y “ordena a las comunidades autónomas competentes la forma en la que tienen que actuar”, lo que supone una “transformación de sus competencias exclusivas en simples competencias de ejecución o complementarias, impidiéndoles el ejercicio de su autonomía política, tal y como se contempla en el bloque de constitucionalidad”.

Como ejemplo “paradigmático” cita la disposición adicional 7º, que “compele a las comunidades autónomas a que cumplan en el plazo de 24 meses las obligaciones que les impone la ley, con independencia de que esas obligaciones correspondan a materias de competencia exclusiva autonómica”.

En definitiva, el PNV detecta en el texto “una tendencia cada vez más reiterada del Estado” por la que se “constriñen” materias de competencia exclusiva autonómica, con la utilización “exorbitante” del artículo 149.1.1. de la Constitución, que “desborda el alcance que le ha otorgado la jurisprudencia constitucional” para “armonizar” competencias autonómicas, “condicionándolas”, e incluso se habilita también el 149.1.13 (Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica) a pesar de que el Consejo de Estado ha declarado improcedente que el Estado apele a este título.

“La consecución de la igualdad entre comunidades autónomas no puede sin más justificar la necesidad de armonizar, ya que sin la diversidad de las comunidades autónomas no existiría la verdadera pluralidad ni la capacidad de autogobierno”, aseguran los nacionalistas básicos.