El primero de los casos hace referencia a una denuncia del abogado de la acusación particular del "caso Filesa", Marcos Garía Montes, contra el ministro de Justicia que criticó al magistrado instructor del caso por reprochar al fiscal del procedimiento, Antonio Salinas, "su falta de objetividad"

La comisión pemanente estimó que el abogado no está legitimado para pedir la intervención del Consejo, pero en cualquier caso "las delaraciones del ministro no suponen un ataque a la independencia judicial", según consta en el comunicado difundido.

Por lo que respecta a las manifestaciones vertidas por Asunción contra el juez Francisco Salinero, que abrió la investigación por la que será juzgado de una presunta prevaricación por obstaculizar la concesión de un permiso carcelario al ultra López Cerra, condenado por a matanza de Atocha.

Para Asunción la actitud de Salineros se traduce "una persecución clarísima", lo que motivó la denuncia de la delegación territorial de Valladolid de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM).