La Casa de la Villa albergó hoy un pleno extraordinario monográfico sobre la funeraria municipal solicitado por los grupos de la oposición, que duró una hora y media y en el que no hubo sorpresas, ya que las partes reiteraron los argumentos que han venido repitiendo desde la sentencia sobre el "caso funeraria" de la Audiencia Provincial del pasado mes de mayo.

El Pleno fue presidido por el vicealcalde, Manuel Cobo, ya que Alberto Ruiz-Gallardón acudió al acto de inauguración del nuevo "túnel de la risa".

La nota todavía más fúnebre la pusieron los concejales de IU, que acudieron todos al Pleno vestidos de negro. "Estamos de entierro por la empresa pública. Se nos ha muerto en un atraco, un atraco a concesión armada que ha habido en Madrid, y aunque ya venía bastante enferma la empresa, ha terminado por fallecer. Estamos de luto riguroso", dijo a la prensa Ángel Pérez, portavoz de IU.

Por el contrario, algunos trabajadores de la empresa mixta que estuvieron en la tribuna siguiendo el Pleno prefirieron vestir con camisetas naranjas, en las que podía leerse: "La funeraria municipal en defensa del empleo".

También enseñaron fotocopias de fotografías de responsables de Funespaña, propietaria del 49% de las acciones de la funeraria municipal, con responsables del PP, como el diputado y ex secretario general Ángel Acebes.

Ángel Lara, de IU, y Ramón Silva, del PSOE, criticaron el poco tiempo concedido para sus intervenciones, que en principio era de diez minutos cada uno para el primer turno y de cinco minutos para el segundo, aunque en la práctica todos, incluido el delegado de Seguridad y presidente del Consejo de Administración de la funeraria, Pedro Calvo, lo superaron.

Silva denunció que si el Ayuntamiento sigue sin hacer nada tras la sentencia, Funespaña y sus responsables continuarán enriqueciéndose a costa de la funeraria. Aseguró que han ganado desde que en 1992 compraron al Ayuntamiento el 49% de las acciones de la funeraria, al precio simbólico de cien de las antiguas pesetas, un total de 55,1 millones de euros, a los que hay que sumar los más de 210 millones de euros ganados por la entrada de Funespaña en bolsa. "Esto sí que es un pelotazo, y todo por menos de cien pesetas", añadió.

Según Silva, estos beneficios se han logrado a costa de reducir las inversiones en los cementerios y tanatorios, que ha pasado de una media anual de más de 8 millones de euros en el periodo 1985-1992 a una media de 3,7 millones. Para ilustrar el mal estado de los cementerios, mostró al Pleno numerosas fotos de muros apuntalados, vallas en mal estado y aceras rotas del Cementerio de la Almudena y otros.

El concejal socialista denunció que Funespaña, tras comprar parte de la funeraria municipal, ha pasado a contar con un gran entramado de empresas de servicios funerarios dentro y fuera de España. Pidió al equipo de Gobierno de Gallardón que deje de "encubrir los trapicheos del señor Valdivia" y ponga fin a su mala gestión en la funeraria municipal.

ASUMIR RESPONSABILIDADES

Para Ángel Lara, el Ayuntamiento no puede seguir dando "la callada por respuesta" tras la sentencia. A su juicio, "el tiempo de la presunción de inocencia ha pasado y es momento de tomar decisiones y asumir responsabilidades".

Para ello, expresó la disposición de su grupo a colaborar en la búsqueda de soluciones y en la toma de decisiones para reconducir la situación actual de la empresa y de la plantilla, que calificó de "preocupante".

El concejal de IU pidió el cese como gerente de la funeraria de Valdivia, al que acusó de protagonizar "todo un best seller de la novela negra", porque "los delitos han prescrito, pero se han cometido", y porque "la prescripción (de delitos) es el último refugio del canalla".

Lara denunció que Funespaña y sus responsables se han hecho millonarios con la funeraria municipal, y se preguntó en qué país se permite que quien tiene el 49% de las acciones se lleve el 69% de los beneficios. Recomendó a los trabajadores de la funeraria que "empiecen a ponerse en pie de guerra", porque, a su juicio, lo que tiene en mente el Ayuntamiento es privatizar la empresa.

SOLVENCIA DE LA FUNERARIA

Por su parte, Pedro Calvo rechazó todas las críticas de los grupos de la oposición y reiteró que no se puede tomar ninguna acción tras la sentencia porque no es firme y hay que esperar al recurso ante el Tribunal Supremo.

Acusó a la oposición de no haberse leído toda la sentencia de la Audiencia Provincial del pasado mes de mayo, porque tanto esa como otra anterior del Supremo han dejado claro que la adjudicación del 49% de las acciones de la funeraria municipal a Funespaña fue conforme a derecho.

Según Calvo, la solvencia patrimonial y financiera de la empresa mixta "está fuera de toda duda y, por ello, la estabilidad laboral de los puestos de trabajo", y "podrá gustar o no, se podrá estar de acuerdo o no", pero su gestión ha mejorado desde el año 1992, cuando se encontraba en una situación de quiebra financiera, ya que ha pasado de tener unos recursos propios negativos de más de 105 millones de las antiguas pesetas en 1992 a unos recursos positivos de 51 millones de euros en 2006.

Además, dijo que la deuda con entidades de crédito, que ascendía a más de 9.000 millones de pesetas en 2002, se terminó de pagar en 2002; que el beneficio neto de la empresa desde 1993 hasta 2006 ha superado los 108 millones de euros, y que desde 1994 hasta 2006 el Ayuntamiento ha percibido más de 24 millones de euros de dividendos.

También aseguró que la inversión en los cementerios desde 1993 hasta 2006 ha ascendido a más de 46 millones de euros, y que los puestos de trabajo han pasado de 594 en 1992 a 580 actualmente.

Calvo insistió en que no puede despedirse a Valdivia porque no tiene relación alguna con la empresa mixta y su relación es con Funespaña, y porque las actuaciones ilícitas recogidas en la sentencia se refieren a Funespaña y además ha sido absuelto.

Por ello, acusó a la oposición de querer extinguir su relación laboral "en base a un reproche moral por una actuación que no tiene nada que ver con esa relación laboral".

Explicó que tampoco se puede suspender cautelarmente el 20% de la retribución a Funespaña porque la adjudicación fue legal, y que no hay que recapitalizar la empresa, ya que no está descapitalizada.

Calvo añadió que tampoco puede haber una declaración pública de que no se privatizará la funeraria porque el consistorio gobierna en función del interés general y sería "irresponsable" limitar su capacidad de decisión. Sobre el estudio jurídico para la posible recuperación del 49% de la funeraria, dijo que ya se está haciendo.

Por todo ello, Calvo acusó a la oposición de hacer una interpretación "interesada" de la sentencia y les dijo que es "totalmente improcedente" pretender por esta vía del Pleno extraordinario "lo que no han logrado por vía judicial tantas veces como lo han intentado", ya que "tando el proceso de adjudicación a Funespaña, que podrá gustar o no, como el nombramiento del señor Valdivia como gerente son perfectamente ajustados a derecho".

También aprovechó para preguntar a los responsables socialistas si apartarán a Funespaña de la gestión de las funerarias en ayuntamientos en los que gobierna el PSOE.