La medida está dirigida a saldar las facturas anteriores al 31 de julio de 2021 de 1.640 consistorios y otras 670 entidades, indicó la entidad este martes.

No obstante, la PMcM subrayó que, en cualquier caso, los proveedores “no deberían de renunciar a cobrar los intereses de demora, que les pertenece por ley”. Por ello, reclamó que se corrija “con la mayor urgencia”, ya que el plazo que tienen los municipios y proveedores para remitir a Hacienda el listado de facturas pendientes finaliza el próximo 11 de febrero.

El presidente de la entidad, Antoni Cañete, mostró su deseo de que esta medida tenga continuidad “porque está contemplado desde 2013 en la Ley Orgánica de Control de la Deuda Comercial del Sector Público” y no se explica “cómo se ha tardado tanto en ponerse en marcha”.

Según Cañete, "no se ha arbitrado ningún mecanismo” para que los proveedores “tengan la obligación de pagar a su vez a los subcontratistas” con el objetivo de que el dinero “fluya hasta el último eslabón de la cadena productiva”.

En este sentido, el presidente de la PMcM subrayó que “muchas subcontratas quedan a la espera de cobrar por parte de aquellos que sí han recibido el dinero de las Administraciones, en este caso fabricantes y contratistas, a través de un plan de pago a proveedores”. Por ese motivo, la entidad exige la puesta en marcha de “un régimen sancionador, que es la única vía para acabar definitivamente con esta lacra”.