La plataforma, que agrupa a 28 organizaciones de consumidores, internautas y pequeños comerciantes, se opone al artículo 25 de la LPI, que implanta la aplicación de un canon para aparatos y soportes digitales en concepto de compensación a los autores por el uso de copia privada.

Representantes del colectivo presentaron hoy un escrito ante el Defensor del Pueblo solicitándole un recurso de inconstitucionalidad y posteriormente explicaron sus fundamentos en rueda de prensa.

La plataforma sostiene que la nueva LPI, que ya está en vigor y que aprobó el Congreso antes del verano para adaptar la norma sobre propiedad intelectual a la legislación comunitaria, crea un "impuesto oculto" disfrazado de gravamen solidario con los autores, cuyo único fin real es "compensar por la piratería", según afirmó Ofelia Tejerina, letrada de la Asociación de Internautas.

A su juicio, ese gravamen es "irracional", porque afecta de forma indiscriminada a la adquisición de productos digitales sin tener en cuenta si su uso es para ocio o trabajo, y "desproporcionado" en su coste: se traduce, por ejemplo, en 1,20 euros por unidad de DVD virgen que cuesta al minorista 0,17 euros.

Todoscontraelcanon denuncia además que el canon se está aplicando de forma retroactiva, ya que las entidades de gestión de derechos de autor lo reclaman desde que firmaron un acuerdo en 2003 con la principal patronal de la industria de la informática, ASIMELEC. Ana María Méndez, de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas de Informática y Nuevas Tecnologías (APEMIT), señaló que el canon supone para los minoristas "una tragedia". Según sus datos, a sólo una decena de pequeños comercios de informática se les está reclamando una cantidad próxima al millón de euros.

"Con el canon, a las sociedadades de derechos de autor les ha tocado la lotería y este año van a ingresar unos 200 millones de euros", afirmó María Losada, de la Asociación Española de Documentación Digital (AEDOC Digital).

La plataforma dice que tiene sospechas de que incluso las entidades están cobrando el canon "varias veces" y se lo piden primero a los fabricantes y después a distribuidores o a minoristas, "amparados en que no podemos acceder a sus cuentas", dijo Ana María Méndez.